El descenso de las reservas de agua ya está alterando la vida cotidiana en Puerto Rico. Más de medio millón de personas comenzaron a enfrentar interrupciones programadas del servicio luego de que el embalse Carraízo, una de las principales fuentes de abastecimiento de la isla, entrara en una etapa que obliga a reducir el suministro.
La medida afecta a residentes y establecimientos de San Juan, Trujillo Alto, Carolina, Canóvanas, Loíza, Gurabo y Juncos, donde existen alrededor de 183,000 abonados entre hogares y comercios. La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) estableció turnos de servicio de 48 horas como primera respuesta ante el deterioro de las reservas.
El problema trasciende al área metropolitana. Cerca del 80 % del territorio puertorriqueño se encuentra bajo condiciones de sequía, mientras sectores del centro y oeste han llegado a niveles considerados extremos. Julio, además, fue el mes más seco registrado en la isla desde 1899, con apenas 0.54 pulgadas de lluvia, equivalentes al 9 % del promedio habitual.
Las consecuencias ya son visibles alrededor de Carraízo, ubicado en Trujillo Alto. La reducción del nivel del embalse ha dejado al descubierto extensas áreas que normalmente permanecen bajo agua y ha afectado el ecosistema del lugar, donde residentes han reportado peces muertos y una disminución de la actividad pesquera.
Para distribuir el agua disponible, la AAA instaló 35 puntos de abastecimiento conocidos como oasis y dividió los municipios afectados en dos zonas. Sin embargo, el esquema comenzó con dificultades: algunos sectores no recuperaron el servicio en el momento previsto debido a una avería registrada previamente y a la necesidad de esperar que los tanques recuperaran niveles suficientes.
El escenario podría complicarse si las condiciones meteorológicas no cambian. El Gobierno puertorriqueño declaró a finales de julio una emergencia relacionada con el uso del agua y advirtió que el racionamiento podría extenderse a otras localidades. El embalse de Cidra ya requiere ajustes operativos, mientras otras cinco instalaciones permanecen bajo vigilancia.
Una segunda etapa del plan contempla restricciones todavía mayores: frente al esquema inicial de interrupciones cada 48 horas, la fase siguiente reduciría el acceso a un solo día de servicio seguido de tres sin suministro. Esa posibilidad mantiene bajo presión a las autoridades y a una población que ha comenzado a almacenar agua para afrontar períodos más prolongados sin el servicio.
El impacto alcanza también al sistema educativo. Las escuelas ubicadas en las zonas afectadas operarán con jornadas reducidas durante los días de racionamiento y las autoridades no descartan recurrir nuevamente a la educación virtual si las condiciones empeoran.
