LA ROMANA.- Un perjuicio económico que supera los RD$85 millones ha llevado al Ministerio Público a solicitar prisión preventiva contra tres personas investigadas por presuntas operaciones financieras irregulares realizadas a través de dos sociedades comerciales en esta provincia.
Los arrestados son Alejandro Rodríguez Reyes, Alex Ernesto Rodríguez Rondón y Ámbar Melissa Rodríguez Ellis, vinculados a una investigación sobre las empresas Agente de Cambio Rodríguez Reyes, S.A. y AERR Group, S.R.L., en un caso que abarca operaciones efectuadas entre diciembre de 2020 y abril de 2026.
De acuerdo con la investigación, las personas afectadas identificadas hasta el momento habrían entregado recursos por RD$57.8 millones, US$317,000 y €160,000. Convertidos a moneda dominicana, esos montos representan un perjuicio superior a los 85 millones de pesos.
El expediente sostiene que ambas sociedades fueron utilizadas de manera coordinada para recibir y canalizar dinero de terceros en pesos dominicanos, dólares estadounidenses y euros, bajo compromisos relacionados con operaciones cambiarias, devolución de capital y obtención de rendimientos por inversiones.
Una diferencia relevante entre las dos empresas señaladas forma parte de la investigación. Agente de Cambio Rodríguez Reyes, S.A. contaba con autorización para realizar intermediación cambiaria, mientras AERR Group, S.R.L. no estaba registrada ni autorizada para desarrollar actividades de intermediación financiera o cambiaria.
Durante los allanamientos, las autoridades ocuparon documentación que ahora forma parte del expediente, entre ella recibos de ingreso, comprobantes de transferencias, expedientes de inversión y relaciones de cuentas por pagar. Los documentos contienen registros de entregas de dinero bajo conceptos de inversión, depósitos, tasas de interés y compromisos de devolución.
El operativo también permitió ocupar tres vehículos de alto valor económico, equipos informáticos, teléfonos celulares y dinero en efectivo: RD$332,000, US$3,394 y €550.
La intervención fue coordinada por la procuradora de corte Lewina Tavárez Gil, responsable de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros de la Dirección General de Persecución, junto con la fiscal de La Romana Reina Yaniris Rodríguez. En las actuaciones participaron los fiscales Rafael Reyes Cabreja y Juan Ramón Núñez, con apoyo de la Dirección de Área Policía Cibernética (Dicat), adscrita a la Dirección Central de Investigación (Dicrim).
El Ministerio Público depositó ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Romana una solicitud de medida de coerción contra los tres imputados. El órgano persecutor pidió 12 meses de prisión preventiva y que el proceso sea declarado de tramitación compleja.
La calificación jurídica planteada por el Ministerio Público incluye presunta asociación de malhechores, estafa, abuso de confianza, lavado de activos y violaciones a la legislación monetaria, financiera y del mercado de valores. Estas imputaciones corresponden a la calificación presentada en la solicitud de medida de coerción y deberán ser examinadas dentro del proceso judicial.
La investigación permanece abierta para determinar el destino de los recursos, establecer el monto total comprometido, identificar a otras posibles personas afectadas y localizar la totalidad de los bienes y operaciones que pudieran estar vinculados con los hechos bajo investigación.
