Con la eficiencia de que se regodea sobre la aclaración de la conmovedora muerte en su residencia de la esposa del merenguero Julián Oro Duro, la Policía se ha delatado con las ejecuciones de supuestos o reales delincuentes que colocan a República Dominicana al margen de un Estado derecho. Los imputados en el asesinato de la señora Zeneida Castillo no solo fueron capturados vivos en cuestión de horas, sino que la institución demostró que cuenta con las herramientas tecnológicas y otros recursos para apresar y someter a la justicia a los acusados de homicidios, atracos y otros delitos.
Si la Policía reconoce que no tiene que matar a sospechosos de actos criminales, que puede capturarlos con vida para traducirlos a la justicia, como ha ocurrido con los imputados del homicidio de la señora Castillo, la pregunta obligada es: ¿por qué entonces lo hace? Los burdos montajes de los intercambios de disparos, en que se han dado cuenta hasta de agentes heridos en las ficticias refriegas, no son una respuesta sensata para justificar las ejecuciones. El vacío que deja la Policía lo llena la imaginación al ver la eliminación de señalados de acciones delictivas, muchas veces a mansalva, como una alternativa para evitar que las víctimas vinculen a sus estructuras con las bandas criminales que operan en el territorio.
La incapacidad que ha mostrado la Policía para garantizar el orden público y la seguridad ciudadana, sin incurrir en irritantes violaciones de las leyes, se ha atribuido a la hegemonía de grupos que controlan el patrullaje y otras operaciones en provecho propio. A tono con la percepción, solo la impunidad explica que oficiales y hasta agentes de bajo rango posean viviendas y vehículos de lujo, casas de veraneo, fincas, empresas y otros bienes difíciles de justificar con los ingresos ordinarios.
Al capturar con vida a los sospechosos de matar a la esposa de Julián Oro Duro y robar en su residencia, la Policía sabe que evitaba, en caso de ejecutarlos, un escándalo de mayores dimensiones. Al identificarlos y no cazarlos, sino hacer que se entregaran, la Policía no hizo más que confesarse en su evidente pretensión de dar un golpe de efecto en una aturdida opinión pública. Y de esa manera mejorar su imagen. Es posible que haya quienes vieran solo una cara y no el mensaje en su conjunto.
Con menos criminales en las calles, aunque sean solo infelices a quienes la corrupción ha despojado de las oportunidades de superarse a través de la educación y un empleo digno, es obvio que la ciudadanía se siente más segura. Pero esas ejecuciones que protagoniza la Policía laceran un Estado de derecho como el que solemos enarbolar para captar inversión extranjera.
El actual director del cuerpo, Ernesto Rafael Rodríguez García, prometió al juramentarse que rescataría el liderazgo y la disciplina para que la Policía cumpla su misión como garante de la seguridad y el orden público respetando los derechos humanos. E incluso transmitió una auspiciosa señal al ordenar a oficiales y funcionarios a que cumplieran con la declaración jurada de bienes. Pero desde su designación el 17 de agosto a la fecha sus declaraciones han caído en el vacío con el baño de sangre protagonizado por el cuerpo.
