SANTO DOMINGO.- La familia de Loyca Alvarado Adames reclama la máxima sanción prevista por la ley contra José Luis Rodríguez Fabián, expareja de la joven e imputado por su muerte, mientras el proceso judicial avanza con una medida de tres meses de prisión preventiva.
La decisión judicial establece que Rodríguez Fabián deberá permanecer recluido en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Las Parras, ubicado en San Antonio de Guerra, provincia Santo Domingo, mientras continúan las investigaciones sobre las circunstancias en que murió la joven.
El cuerpo de Alvarado Adames fue localizado el 28 de septiembre de 2026 en las inmediaciones de Bajos de Haina, provincia San Cristóbal. Según la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público, el hecho habría ocurrido un día antes en una cabaña situada en la avenida George Washington, en el Distrito Nacional.
Las pesquisas comenzaron después de que la joven saliera de un salón de belleza donde se encontraba junto a una hermana. De acuerdo con el expediente, alrededor de las 10:40 de la mañana del 27 de septiembre recibió una llamada telefónica y abandonó el establecimiento tras indicar que regresaría poco después.
Sin embargo, dejó en el lugar sus pertenencias personales y no volvió. Ante la imposibilidad de establecer comunicación con ella, su hermana avisó a otros familiares, quienes acudieron a las autoridades para reportar su desaparición.
La búsqueda quedó a cargo de miembros del Departamento de Desaparecidos de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim). La revisión de cámaras de seguridad permitió a los investigadores observar a la víctima abordando una yipeta negra y posteriormente establecer la ruta seguida por el vehículo.
Las imágenes llevaron a los investigadores hasta las inmediaciones de una fábrica de furgones y transportaciones en Bajos de Haina, donde el vehículo habría permanecido durante un período antes de abandonar la zona. En los alrededores fue encontrado posteriormente el cadáver de Alvarado Adames.
Rodríguez Fabián fue arrestado el 29 de septiembre, mediante una orden judicial. Ese mismo día, el Ministerio Público ejecutó un allanamiento en un negocio localizado en el Ensanche La Paz, en el Distrito Nacional.
Durante la intervención fue ocupada un revólver calibre .38, cuya marca y numeración no eran legibles, además de un casquillo y dos cápsulas del mismo calibre. De acuerdo con la investigación, el arma presentó coincidencia balística con el proyectil recuperado en la yipeta relacionada con el caso.
El expediente también incorpora un informe psicológico forense de estado emocional, fechado el 26 de septiembre, que recoge la afectación emocional que presentaba Alvarado Adames y el riesgo que enfrentaba como consecuencia de la violencia que, según el Ministerio Público, habría ejercido el imputado.
La familia, entretanto, ha expresado públicamente su rechazo a la duración inicial de la prisión preventiva y reclama que el acusado enfrente la mayor consecuencia penal que corresponda conforme al resultado del proceso.
Trina Alvarado, hermana de la víctima, manifestó entre lágrimas su indignación por la muerte de Loyca y cuestionó que ninguna condena podría devolverla a su familia. “Eso no me la va a devolver, ni un millón de años que le dicten”, expresó.
El Ministerio Público atribuye al caso una calificación jurídica basada en los artículos 93 y 94 del nuevo Código Penal Dominicano (Ley 74-25) y los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16, relativa al control y regulación de armas, municiones y materiales relacionados.
La investigación continúa mientras las autoridades profundizan en las circunstancias de la muerte y en las evidencias incorporadas al expediente. La acusación y la responsabilidad penal definitiva del imputado deberán ser determinadas por los tribunales durante el proceso judicial.
