NUEVA YORK, Estados Unidos.- República Dominicana planteó ante una cumbre internacional sobre movilidad climática la necesidad de establecer una respuesta regional frente al aumento del nivel del mar, con énfasis en financiamiento para la adaptación, reducción del riesgo y mecanismos que permitan anticipar posibles desplazamientos de comunidades costeras.
La posición fue expuesta por el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mercado de Carbono (CNCCMC), Max Puig, durante una sesión dedicada al incremento del nivel del mar en la 4.ª Cumbre sobre Movilidad Climática, celebrada en Nueva York en el marco del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Para República Dominicana, el riesgo adquiere una dimensión particular debido a sus más de 1,500 kilómetros de costa y a la concentración de población, infraestructura y actividades económicas en áreas cercanas al litoral. Puig señaló que esta exposición hace necesario incorporar desde ahora la adaptación y la planificación de posibles desplazamientos en las políticas públicas.
Entre las consecuencias previstas por el avance del nivel del mar figuran la erosión de las costas, la intrusión salina, las inundaciones y las marejadas. El fenómeno también amenaza ecosistemas como manglares, arrecifes y playas que funcionan como barreras naturales y sostienen actividades económicas como la pesca y el turismo.
El impacto sobre las comunidades pesqueras constituye uno de los puntos señalados por el funcionario. Más de 9,000 pescadores y sus familias dependen de arrecifes coralinos cuya degradación reduce la protección natural frente al oleaje y puede afectar empleos, ingresos, seguridad alimentaria y la permanencia de comunidades que han construido su identidad alrededor de las zonas costeras.
Los registros nacionales citados por Puig indican que entre 2017 y 2022 más de 79,000 personas fueron desplazadas por desastres en República Dominicana. Estos movimientos estuvieron relacionados principalmente con fenómenos de aparición súbita, aunque el aumento progresivo del nivel del mar plantea un escenario diferente al modificar gradualmente las condiciones de habitabilidad y las oportunidades económicas.
A escala regional, el Modelo de Movilidad Climática para el Gran Caribe proyecta que alrededor de 8,2 millones de personas podrían desplazarse permanentemente para 2050 como consecuencia de los impactos económicos del cambio climático. De esa cantidad, cerca de seis millones permanecerían dentro de sus propios países, de acuerdo con el modelo citado durante la cumbre.
Estas cifras no constituyen predicciones sobre desplazamientos que necesariamente ocurrirán, sino escenarios que permiten anticipar posibles presiones sobre las comunidades de origen y destino, además de sus efectos sobre la vivienda, las infraestructuras y los servicios públicos.
Frente a ese escenario, Puig planteó tres prioridades para República Dominicana: garantizar financiamiento adecuado y accesible para la adaptación, establecer mecanismos de cooperación regional que preserven la soberanía y la dignidad de las personas, y promover una transición económica verde capaz de generar oportunidades laborales para la población joven.
La propuesta dominicana también parte de que la respuesta al cambio climático no puede limitarse a las acciones individuales de los pequeños Estados insulares. El CNCCMC trabaja junto al Centro Global para la Movilidad Climática en el desarrollo de políticas públicas y mecanismos de cooperación internacional dirigidos a proteger a las personas y el patrimonio cultural de las comunidades expuestas.
En paralelo, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó una declaración sobre el aumento del nivel del mar orientada a mejorar la información disponible sobre los riesgos, fortalecer la adaptación y el financiamiento y proteger a las poblaciones más expuestas. Este tipo de información puede utilizarse para determinar dónde construir infraestructura, qué territorios requieren mayor protección y cuáles servicios necesitan ser reforzados ante un eventual incremento de las inundaciones.
El documento internacional también contempla la protección y documentación del patrimonio cultural que pudiera quedar expuesto a la subida del mar, incluidos territorios tradicionales, cementerios, lugares sagrados, sitios arqueológicos y paisajes costeros de valor histórico.
