SANTIAGO.- La investigación sobre un presunto esquema de fraude que habría perjudicado al Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), a pacientes con cáncer y al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) continuará con su principal imputado bajo prisión preventiva, luego de que una jueza de Santiago confirmara la medida de coerción por 18 meses.
La decisión fue adoptada por Yerixa Cabral de la Cruz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, quien acogió la solicitud del Ministerio Público al considerar que permanecen las condiciones que justificaron la imposición de la medida contra Héctor Antonio Lora Cruceta.
El procesado, expresidente del Consejo del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del centro oncológico, cumple prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres. La medida le fue impuesta inicialmente en junio y fue ratificada durante la revisión obligatoria celebrada este martes.
La investigación también involucra a su esposa, Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida, quien guarda prisión preventiva en Rafey Mujeres. Su revisión obligatoria quedó fijada para el próximo 2 de diciembre, luego de que la Corte de Apelación de Santiago conociera el recurso correspondiente el pasado 2 de septiembre y se reiniciara desde esa fecha el cómputo del plazo para revisar la medida.
Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa de Lora Cruceta, permanece bajo arresto domiciliario y renunció a la revisión de su medida de coerción. Vargas Sánchez ocupó la vicepresidencia del patronato y desempeñó funciones de auditoría interna y externa durante la gestión de su antiguo esposo. Ambos se divorciaron en 2014.
El equipo del Ministerio Público que participó en la audiencia estuvo integrado por el procurador de corte adscrito a la Dirección General de Persecución, Eduardo Velázquez, y la fiscal de Santiago Heidys de León.
Las acusaciones sobre el manejo de los recursos
La investigación atribuye a los procesados y a las entidades Vargas Lora & Asociados —actualmente Vargas Guzmán Accounting Center— y Fundación Tócate RD-Casa de Acogida la utilización de distintos mecanismos para sustraer recursos del patronato que administra el Oncológico de Santiago.
Entre las prácticas bajo investigación figuran presuntos fraudes clínicos y farmacéuticos, que incluirían modificaciones de indicaciones médicas, utilización de sellos falsificados, doble facturación a SeNaSa y entrega incompleta de medicamentos a pacientes.
El expediente también contempla acusaciones relacionadas con la venta de medicamentos recibidos como donaciones, restricciones a la entrega gratuita de esos productos, contrabando mediante exoneraciones fiscales y tráfico de sustancias controladas.
A esas imputaciones se suman el supuesto uso de habitaciones del centro para cirugías estéticas, gastos de representación considerados ilegítimos y reembolsos fraudulentos por viajes y estadías en hoteles. La investigación incluye, además, presuntos actos de sabotaje digital, sustracción de archivos y lavado de activos.
El órgano persecutor sostiene que los imputados habrían sobornado a distribuidoras farmacéuticas y utilizado la Fundación Tócate para desviar fondos y facturar a SeNaSa por servicios y medicamentos que, según la acusación, no fueron suministrados a los pacientes.
Otra de las vías de presunta distracción de recursos habría consistido en la asignación de salarios, viáticos y beneficios que no corresponderían a las funciones desempeñadas por el personal de una entidad sin fines de lucro.
El caso fue declarado de tramitación compleja y permanece en fase de investigación, por lo que las imputaciones deberán ser examinadas en las etapas judiciales correspondientes.
Medidas de coerción en la Operación Cobra 2.0-A
En un expediente relacionado con las investigaciones sobre el presunto desfalco a SeNaSa, el Ministerio Público informó que el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso distintas medidas de coerción a 24 personas arrestadas durante la Operación Cobra 2.0-A.
Ocho de los imputados recibieron prisión preventiva por 18 meses: Angeury Guzmán, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Wander Díaz, Juan Henry Poueriet, Ysabel Heredia Vallejo, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez y Laura Altagracia Santana Evangelista.
Los hombres deberán cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, en San Antonio de Guerra, mientras que las mujeres fueron enviadas al CCR Najayo Mujeres. La revisión obligatoria fue programada para el 22 de diciembre de 2026.
Otros nueve procesados recibieron arresto domiciliario: Heidy Coronado, Lucreisy Polanco Núñez, Einstein Rafael Borromé Valdez, Carlos Job Ynoa Olivero, Engels Federico Díaz Mendoza, Rafael Mauricio Cabral González, Marcelino Eusebio Figuereo, Víctor Felipe Rodríguez García y Ray Ernesto Mercedes Lugo.
A Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, Griselda Altagracia Basora Ramírez, Keila Beatriz Acosta Leonardo y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo se les impusieron garantías económicas de dos millones de pesos, mediante compañías aseguradoras, además de arresto domiciliario e impedimento de salida del país.
Martha María Saldaña Saldaña deberá cumplir una garantía de tres millones de pesos, también a través de una aseguradora, junto con arresto domiciliario e impedimento de salida. En tanto, José Díaz Hernández, Guillermo Enrique Dicló Garabito y Yocaira Antonia Méndez Beltré recibieron garantías económicas de un millón de pesos, impedimento de salida y presentación periódica.
Una investigación que alcanza a antiguos funcionarios de SeNaSa
La judicialización de los casos vinculados a la Operación Cobra comenzó el año pasado con el arresto de Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector de SeNaSa, junto a otros imputados, entre ellos Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo, Eduardo Read Estrella y Ángel Luis Guzmán Vásquez.
El Ministerio Público procura que los tribunales impongan sanciones penales y ordenen el decomiso de los recursos que, de acuerdo con sus investigaciones, habrían sido sustraídos al Estado dominicano por miles de millones de pesos.
A los integrantes de ese grupo se les atribuyen, según el expediente, delitos como coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de sobornos, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
La ratificación de la prisión preventiva de Lora Cruceta mantiene abierto el proceso por las presuntas irregularidades en el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, mientras el Ministerio Público continúa reuniendo elementos para sustentar las acusaciones y establecer las responsabilidades individuales de los involucrados.
