SAN FRANCISCO DE MACORÍS.- Una garantía económica de RD$1 millón en efectivo, presentación periódica e impedimento de salida fueron las medidas de coerción impuestas por un tribunal de la provincia Duarte a Delvinson De La Cruz Sosa, de 29 años, investigado por el Ministerio Público por presuntas amenazas contra el presidente Luis Abinader.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esa jurisdicción acogió parcialmente la solicitud de la Fiscalía, que había pedido prisión preventiva. El juez Wilton Oniel Peguero dispuso que el imputado se presente ante el Ministerio Público cada 15 días y no pueda salir del municipio de San Francisco de Macorís.
La decisión también establece que, durante seis meses, De La Cruz Sosa permanezca bajo el cuidado y la vigilancia de su padre.
Arresto y allanamientos
El investigado fue detenido mediante una orden judicial durante un allanamiento realizado en el apartamento donde reside, ubicado en el segundo nivel de una vivienda de la calle Joaquín Balaguer, en el sector Vista del Valle, de San Francisco de Macorís.
Como parte de las diligencias, el Ministerio Público también intervino un establecimiento comercial de la localidad y la Ferretería Molina, situada en la avenida Profesor Juan Bosch, donde trabaja el imputado.
En la audiencia, el fiscal litigante Engels Luis Polanco representó al órgano acusador. La orden de arresto había sido solicitada por los fiscales Benedicto Arquímedes Reynoso Sánchez, Pedro Williams Concepción y Elington Santiago Villar ante la jueza Josefina Noemí Díaz Marte.
Investigación sobre un presunto atentado
Según la documentación presentada para obtener las autorizaciones judiciales, las autoridades investigan información sobre supuestas amenazas contra el mandatario y la planificación de un posible atentado que habría tenido como fecha prevista el 6 de noviembre de 2026, durante la conmemoración del Día de la Constitución en la sede del Congreso Nacional.
La solicitud de allanamiento contemplaba la búsqueda de celulares, tabletas, computadoras, armas de fuego, pertrechos militares, artefactos explosivos y otros elementos que pudieran guardar relación con los hechos.
Durante las intervenciones fueron ocupados objetos electrónicos y sustancias químicas que, de acuerdo con el Ministerio Público, están siendo evaluados como parte de las evidencias de la investigación.
Apoyo de organismos de inteligencia
Las diligencias investigativas cuentan con el apoyo de la División de Investigaciones de Delitos Informáticos de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). El expediente señala, además, que organismos de inteligencia habían detectado y alertado sobre las presuntas intenciones atribuidas a De La Cruz Sosa.
La jueza que autorizó los allanamientos fundamentó su decisión en la investigación sobre la planificación de un presunto atentado terrorista contra el presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, supuestamente previsto para el 6 de noviembre de 2026 en el Congreso Nacional.
El proceso continúa bajo investigación y las medidas impuestas corresponden a la etapa de coerción, sin que constituyan una declaración de culpabilidad.
