BUENOS AIRES.- La Justicia Federal argentina ordenó suspender las actividades vinculadas con el proyecto petrolero Sea Lion, promovido por la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration en el área de las islas Malvinas, hasta que se tramite una evaluación de impacto ambiental ante las autoridades argentinas.
La medida cautelar fue dictada por la jueza federal Mariel Borruto, titular del Juzgado Federal de Río Grande, en respuesta a una acción preventiva por supuesto daño ambiental colectivo presentada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y la Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas (AAdeAA).
La orden alcanza las perforaciones, las instalaciones submarinas y el inicio de la extracción comercial de hidrocarburos, además de distintas obras terrestres, portuarias y de apoyo relacionadas con el emprendimiento. Las compañías deberán abstenerse de iniciar o continuar esos trabajos mientras permanezca vigente la decisión judicial.
Uno de los elementos centrales considerados por Borruto fue la ausencia, según la documentación analizada en el expediente, de un procedimiento de evaluación de impacto ambiental ante organismos argentinos. La magistrada sostuvo que esperar hasta que las obras estuvieran más avanzadas podía dificultar una eventual protección judicial posterior.
La resolución no establece que el proyecto vaya a producir necesariamente un daño ambiental. El planteamiento de la jueza es preventivo: considera que existen elementos suficientes para exigir que los posibles efectos de la actividad sean evaluados antes de que continúe su ejecución.
El expediente señala además que el emprendimiento había avanzado más allá de una etapa meramente proyectual. La documentación considerada por el tribunal incluyó la decisión final de inversión adoptada en diciembre de 2025 y contrataciones relacionadas con una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga y con trabajos de perforación.
Sea Lion contempla un desarrollo de pozos e infraestructura destinada a la producción de hidrocarburos en el Atlántico Sur. Entre los posibles impactos mencionados en la causa figuran alteraciones del lecho marino, contaminación, ruido submarino, emisiones, derrames y efectos sobre especies y ecosistemas marinos. Estos riesgos forman parte de los argumentos utilizados para solicitar la intervención preventiva de la Justicia.
La disputa judicial se desarrolla además en un escenario marcado por el reclamo argentino de soberanía sobre las islas Malvinas, administradas por el Reino Unido. La jueza consideró que la controversia no se limita al componente ambiental y reconoció dentro del expediente la dimensión vinculada con la soberanía y los recursos naturales.
El caso había comenzado a avanzar ante la Justicia Federal de Río Grande después de que Borruto se declarara competente para intervenir en la demanda presentada contra las empresas. En esa etapa, el tribunal aceptó la jurisdicción de la Justicia argentina para analizar la acción preventiva promovida por las organizaciones demandantes.
La decisión se produce además en medio de una ofensiva jurídica del Gobierno de Javier Milei contra compañías vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las Malvinas. Argentina ha anunciado nuevas acciones legales y medidas destinadas a reforzar las sanciones contra empresas que operen en el área, mientras el Reino Unido sostiene que las compañías cuentan con licencias otorgadas por las autoridades de las islas.
Por ahora, la cautelar mantiene paralizado el avance material de Sea Lion mientras se determina si corresponde realizar la evaluación ambiental reclamada en el proceso. La propia resolución dejó abierta la posibilidad de modificar, ampliar o levantar las medidas conforme avance el expediente y se incorporen nuevos elementos.
