Santo Domingo.- El Ministerio Público presentó acusación formal contra nueve personas señaladas como integrantes de una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de cocaína y al lavado de activos, y solicitó que el grupo sea enviado a juicio por su presunta vinculación con el movimiento de casi 1.7 toneladas de cocaína.
La acusación fue depositada ante la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción de La Altagracia como resultado de la Operación Leopardo, investigación en la que también se identificaron movimientos financieros superiores a RD$258.8 millones y US$1.6 millones, además de propiedades, vehículos, embarcaciones, armas y otros bienes que el órgano acusador considera relacionados con las actividades ilícitas.
Entre los acusados figuran Moisés Severino Inirio, Pedro Luis Cordero Espinal, José Ignacio de Jesús Mota, Daniela Sthefany Amancio Olaverría, Rafael Torrez Díaz, Wilson Rafael Severino Inirio, Antun Mrdeza, Mioara-Sanda Burcina y Néstor Julio Rodríguez Robles.
Casi 1.7 toneladas de cocaína
La investigación vincula a la organización con dos grandes incautaciones realizadas durante 2025.
El 25 de abril, las autoridades ocuparon 993 paquetes de cocaína, con un peso certificado de 1,027.15 kilogramos, transportados en la embarcación Lucifer en la zona de Cap Cana.
Meses después, el 18 de octubre, fueron ejecutados 17 allanamientos simultáneos que permitieron incautar otros 666.27 kilogramos de cocaína, parte de ellos almacenados en el establecimiento Drinks Súper Fría, en San Rafael del Yuma.
En conjunto, ambos casos suman 1,693.42 kilogramos de cocaína, equivalentes a casi 1.7 toneladas.
Según la acusación, la estructura recibía cargamentos procedentes de Colombia a través de distintos puntos de la costa dominicana. Las sustancias eran posteriormente almacenadas en villas, negocios, propiedades rurales y otros inmuebles antes de ser trasladadas por vía marítima hacia Puerto Rico, desde donde presuntamente eran distribuidas hacia Estados Unidos, Canadá, Europa y otros mercados.
El dinero y los bienes bajo investigación
Los fiscales también reconstruyeron el movimiento financiero de la organización e identificaron depósitos en efectivo, transferencias nacionales e internacionales y otras operaciones que superaron los RD$258.8 millones y US$1.6 millones.
El expediente describe mecanismos que, según el Ministerio Público, corresponden a patrones de lavado de activos, entre ellos depósitos fraccionados, transferencias entre cuentas relacionadas, retiros inmediatos de efectivo, utilización de terceros, sociedades instrumentales y operaciones inmobiliarias presuntamente sobrevaluadas.
La investigación también detectó operaciones mediante el sistema informal hawala y pagos con criptomonedas, particularmente USDT.
Entre los activos cuyo decomiso fue solicitado figuran una villa de lujo en Cap Cana, adquirida por US$820,000; un apartamento en la Torre Emporium, en Santo Domingo; propiedades en San Antonio de Guerra, La Romana y San Rafael del Yuma, además de otros terrenos e inmuebles.
También están bajo solicitud de decomiso las embarcaciones Beto III, Fish On y Lucifer, varios vehículos, armas de fuego, municiones, relojes, prendas, dinero en efectivo y cientos de dispositivos electrónicos.
Ministerio Público pide apertura a juicio
El órgano acusador solicita que el tribunal admita la acusación y dicte auto de apertura a juicio, además de mantener las medidas de coerción y cautelares que pesan sobre los imputados.
También pidió que, al concluir el proceso, sean decomisados los bienes, valores e instrumentos que resulten vinculados a los delitos investigados.
La acusación fue elaborada por fiscales de la Dirección General de Persecución, la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Altagracia, con apoyo de la DNCD, su Centro de Información y Coordinación Conjunta (CICC), la Dirección de Investigación Financiera y Lavado de Activos (DIFLA) y la DEA.
Ahora corresponderá al tribunal evaluar la acusación y determinar si existen elementos suficientes para enviar a los nueve imputados a juicio.
