SANTO DOMINGO.- Diez de las 26 personas arrestadas en la Operación Cobra 2.0-A admitieron los hechos que les atribuye el Ministerio Público, un elemento que la procuradora de corte Mirna Ortiz presentó como parte de los argumentos para sustentar la acusación contra los vinculados al presunto entramado de corrupción alrededor del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
La revelación se produjo durante la audiencia en la que el Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva para los imputados, además de que el proceso sea declarado de tramitación compleja. El juez Rigoberto Sena aplazó la vista hasta este jueves 24 de septiembre, a las 2:00 de la tarde, después de varias horas de audiencia.
La investigación presentada ante el tribunal está respaldada, según el órgano acusador, por 483 elementos probatorios. El expediente incluye 234 pruebas documentales, 91 materiales, 82 documentos procesales y 76 periciales, utilizadas por los fiscales para fundamentar las imputaciones y la necesidad de mantener abiertas las pesquisas.
El Ministerio Público sostiene que el caso no se limita a un supuesto perjuicio económico. Durante la audiencia, Ortiz afirmó que las maniobras investigadas habrían afectado a beneficiarios de SeNaSa mediante la generación de cargos ficticios que reducían los servicios disponibles para los pacientes. Bajo esa interpretación, el órgano acusador sitúa como afectación central el derecho a la salud de los afiliados.
La solicitud de coerción abarca a un grupo integrado mayoritariamente por médicos, además de otros cuatro imputados. Entre los arrestados figura la gastroenteróloga Ysabel Heredia Vallejo y los médicos Einstein Rafael Borromé Valdez, Juan Henry Poueriet, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luís Díaz Hernández, Carlos Job Ynoa Olivero, Guillermo Enrique Dicló Garabito, Griselda Altagracia Basora Ramírez, Juan Gabriel Rodríguez Ravelo y otros profesionales del sector salud.
Ortiz, quien encabeza el equipo litigante junto al procurador adjunto Wilson Camacho, sostuvo que las admisiones realizadas por una parte de los imputados constituyen un elemento relevante para la posición del Ministerio Público. La funcionaria afirmó que esas declaraciones son consistentes con los hechos que la acusación atribuye al grupo.
Además de la prisión preventiva, los fiscales pidieron que el proceso sea declarado complejo por la cantidad de hechos investigados, la pluralidad de personas involucradas y la cantidad de evidencias que, según el Ministerio Público, aún deben ser incorporadas. La petición busca disponer de un plazo procesal mayor para continuar con las diligencias de investigación.
La acusación sostiene que las operaciones investigadas habrían incluido presuntos sobornos, alteraciones de estados financieros y programas especiales sin respaldo jurídico utilizados, de acuerdo con el órgano persecutor, para desviar recursos. Los imputados enfrentan cargos que incluyen coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
Cobra 2.0-A constituye una segunda fase de las investigaciones sobre el supuesto esquema de corrupción en SeNaSa. En la primera etapa fueron arrestados, entre otros, Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector ejecutivo de la ARS y señalado por el Ministerio Público como cabecilla del entramado, junto con otros exfuncionarios y particulares.
Las pesquisas también se extendieron hacia otras operaciones vinculadas a presuntas irregularidades. En junio, el Ministerio Público ejecutó la Operación Onco14, mediante la cual arrestó a tres personas por un supuesto esquema de maniobras fraudulentas relacionado con el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, el Instituto Oncológico Regional del Cibao y servicios vinculados a SeNaSa.
Mientras la audiencia permanece pendiente de continuación, el tribunal deberá valorar los argumentos de las partes antes de decidir sobre las medidas de coerción solicitadas. La admisión de hechos señalada por el Ministerio Público forma parte de los elementos expuestos durante esta etapa, sin que ello sustituya la decisión judicial que corresponda sobre la responsabilidad penal de cada imputado.
