SANTO DOMINGO.- La expansión de las bancas de lotería y los establecimientos de apuestas quedaría sometida a un freno de diez años si el Senado convierte en ley el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados, una medida que busca detener el crecimiento del sector mientras el Estado reorganiza sus mecanismos de registro, supervisión y control.
El proyecto no plantea únicamente cerrar la puerta a nuevos negocios. También establece un proceso para depurar y regularizar los establecimientos existentes, con la intención de que las autoridades puedan concentrarse en fiscalizar un universo que, de acuerdo con los datos utilizados para sustentar la iniciativa, supera los 71,000 puntos registrados entre bancas de lotería y agencias deportivas.
La dimensión del mercado es precisamente uno de los argumentos centrales de la propuesta. El diagnóstico incorporado al proyecto sostiene que el crecimiento de estos establecimientos ha avanzado a un ritmo superior a la capacidad institucional para supervisarlos, lo que dificulta verificar de manera efectiva el cumplimiento de las normas y las obligaciones tributarias.
En ese escenario, la pausa de nuevas licencias funcionaría como un período de reorganización. La iniciativa contempla la depuración del padrón comercial, la validación de los negocios registrados y una mayor integración tecnológica con los sistemas de control tributario, con el objetivo de fortalecer la capacidad del Estado para identificar y fiscalizar las operaciones.
Otro de los elementos relevantes es el tratamiento de las deudas fiscales. El proyecto contempla un régimen especial de descuentos para operadores de juegos de azar que acumulen atrasos en impuestos y tasas hasta diciembre de 2025, pero el beneficio estaría condicionado a que los negocios se registren y completen su proceso de regularización. No se trata, jurídicamente, de un perdón automático de las obligaciones pendientes, sino de un mecanismo sujeto a requisitos y descuentos establecidos en la legislación correspondiente.
La propuesta también establece una excepción para los casinos vinculados a proyectos hoteleros de cuatro o más estrellas, por lo que la congelación no tendría el mismo alcance para ese segmento de la industria turística.
Más allá del congelamiento, la reforma plantea una transformación más amplia del sistema de juegos de azar. Entre las disposiciones previstas figuran mecanismos de supervisión reforzada, sanciones para operaciones ilegales, restricciones sobre la ubicación de determinados establecimientos y herramientas para controlar las apuestas realizadas mediante plataformas digitales.
El proyecto también contempla la creación de una Dirección General de Juegos de Azar (DGJA) como organismo especializado para regular y supervisar el sector. La intención es concentrar en una estructura con mayores capacidades las funciones que actualmente enfrentan las autoridades ante la magnitud del mercado.
Ahora la iniciativa pasa al Senado de la República, donde deberá ser examinada nuevamente debido a las modificaciones introducidas durante su trámite en la Cámara Baja. Su aprobación definitiva determinará si el período de diez años sin nuevas licencias se convierte en una política de Estado y si las medidas de regularización y fiscalización comienzan a aplicarse bajo el nuevo marco legal.
