SANTO DOMINGO.- Las micro, pequeñas y medianas industrias dominicanas tendrán acceso exclusivo a determinados procesos de contratación pública destinados a programas sociales, una disposición que busca vincular el gasto estatal con la producción nacional y ampliar las oportunidades de negocio para los fabricantes locales.
La medida está contenida en el Decreto 672-26, emitido por el presidente Luis Abinader, que instruye a las instituciones públicas a dirigir hacia las mipymes industriales los procedimientos de compra relacionados con iniciativas de alivio a la pobreza, alimentación, vestimenta, suministros escolares y salubridad social.
La disposición se apoya en la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas y su Reglamento de Aplicación, aprobado mediante el Decreto 52-26. Su alcance comprende bienes y servicios de origen y manufactura dominicana, con el propósito de reducir la intermediación no autorizada y favorecer que los recursos destinados a la asistencia social también contribuyan a sostener la actividad industrial del país.
Entre las entidades alcanzadas figuran el Ministerio de Educación, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), el Servicio Nacional de Salud (SNS), el programa Supérate, Promese/CAL y los ministerios de Defensa y de la Vivienda, además de otras dependencias vinculadas a la protección social.
La reserva no supone que todas las contrataciones de esas instituciones queden sujetas a la nueva disposición. Se aplica a los procedimientos relacionados con los programas y productos contemplados en el decreto, que deberán desarrollarse mediante mecanismos de selección competitiva y conforme a las normas de contratación pública.
Para participar, las empresas deberán acreditar su condición de industria nacional mediante un Registro Industrial expedido por Proindustria, disponer de la certificación Mipymes o Mipymes Mujer, otorgada por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), y estar inscritas en el Registro de Proveedores del Estado (RPE).
Las instituciones contratantes deberán consultar el registro de proveedores para determinar si existen empresas con capacidad para responder a las cantidades, especificaciones y estándares de calidad requeridos. Si no identifican oferentes que puedan satisfacer esas condiciones, tendrán que realizar un llamado a manifestación de interés.
La normativa también establece controles sobre la calidad de los productos adquiridos. Los bienes deberán cumplir las normas técnicas nacionales aplicables y las instituciones deberán incluir esos requisitos en los pliegos de condiciones. Cuando no exista una regulación específica para determinado producto, el Instituto Dominicano para la Calidad (Indocal) deberá priorizar su elaboración, dentro de sus competencias y posibilidades presupuestarias.
Para coordinar la aplicación de estas disposiciones, el decreto crea una Mesa de Articulación Interinstitucional entre el MICM y la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). Este mecanismo tendrá a su cargo el seguimiento de la medida, la coordinación de la oferta productiva y la supervisión de su cumplimiento.
El MICM dispone de un plazo máximo de cuatro meses, contado desde la entrada en vigor del decreto, para levantar información detallada sobre los bienes y servicios que ofrecen las industrias locales. Ese inventario deberá actualizarse periódicamente y servirá para identificar la capacidad real del sector frente a las necesidades de las instituciones públicas.
A su vez, Proindustria deberá modernizar y digitalizar el Registro Industrial para mejorar la trazabilidad de los productos nacionales y facilitar el intercambio de información con el sistema de compras públicas.
La implementación de la medida plantea así una doble exigencia: que las instituciones identifiquen oportunamente a los fabricantes capaces de abastecer sus programas y que las mipymes industriales cumplan los requisitos de formalización, capacidad y calidad necesarios para competir por esos contratos.
El decreto entrará en vigor a partir de su publicación y establece un marco para que las adquisiciones públicas destinadas a la asistencia social también funcionen como instrumento de apoyo a la industria dominicana.
