Una decisión judicial en Estados Unidos abrió un nuevo frente contra figuras centrales del chavismo al establecer una compensación económica de 314 millones de dólares por una demanda relacionada con acusaciones de secuestro, tortura y terrorismo contra ciudadanos estadounidenses.
La resolución fue emitida por el juez federal Darrin P. Gayles, de la Corte del Distrito Sur de Florida, quien determinó responsabilidad civil contra el depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro y otros dirigentes y aliados del oficialismo venezolano. La sentencia, sin embargo, no incluyó entre los responsables a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ni a otros demandados inicialmente señalados en el proceso.
El caso tiene como origen una acción legal presentada por más de una decena de personas que alegan haber sido víctimas de detenciones arbitrarias y abusos en Venezuela. Entre los demandantes figuran Jerrel Kenemore, Jason Saad y Edgar Marval, quienes estuvieron involucrados en un intercambio de prisioneros en 2023 que permitió la liberación del empresario colombiano Alex Saab durante la administración del presidente estadounidense Joe Biden.
La demanda, presentada inicialmente en agosto de 2025, tomó nuevo impulso después de la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero de este año en Caracas. El exmandatario venezolano fue trasladado a Nueva York, donde enfrenta un proceso penal por acusaciones de narcoterrorismo, mientras permanece detenido.
Además de Maduro, la decisión judicial señala como responsables a figuras de alto perfil del aparato político y militar venezolano, entre ellas Diosdado Cabello, ministro del Interior; Vladimir Padrino, titular de Agricultura; el exministro y empresario Alex Saab; así como Maikel José Moreno Pérez, Néstor Luis Reverol y Tarek William Saab. También fue mencionado el denominado Cártel de los Soles dentro del expediente.
El tribunal fundamentó su decisión en acusaciones relacionadas con violaciones a leyes estadounidenses como la Ley Federal Antiterrorista, la legislación antiterrorista del estado de Florida y la normativa contra organizaciones criminales conocida como RICO. El fallo sostiene que las acciones denunciadas involucraron secuestro, tortura y detenciones consideradas ilegales bajo las normas estadounidenses.
La resolución civil representa un proceso separado de las causas penales que enfrentan algunos de los señalados. Maduro continúa vinculado a un expediente federal en Nueva York, mientras que Alex Saab enfrenta en Miami acusaciones de lavado de dinero, luego de haber sido identificado por autoridades estadounidenses como presunto operador financiero cercano al exgobernante venezolano.
Aunque el fallo establece una condena económica, su impacto también se extiende al ámbito político al involucrar nuevamente a dirigentes del chavismo en procesos judiciales internacionales. La decisión se suma a una serie de disputas legales que han mantenido bajo presión a antiguos funcionarios venezolanos señalados por Washington durante los últimos años.
