Los consumidores podrán continuar utilizando tarjetas de crédito y débito para pagar combustibles mientras el Gobierno y los detallistas de gasolina intentan resolver el conflicto generado por las comisiones aplicadas a las transacciones electrónicas. Ambas partes acordaron abrir una mesa de trabajo con un plazo de 30 días para alcanzar una solución que evite cambios en la forma de pago en las estaciones de servicio.
El compromiso fue alcanzado durante una reunión encabezada por el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo ‘Yayo’ Sanz Lovatón, junto al presidente de Asociación Nacional de Detallistas de Gasolinas (Anadegas), Juan Elías Pérez, y representantes del sector comercial y de las autoridades. Al encuentro no asistieron las empresas que administran los sistemas de pago electrónico o verifones.
El gremio explicó que desde hace dos semanas había solicitado la mediación oficial al considerar que las comisiones cobradas por las procesadoras de pagos representan una carga cada vez mayor para las estaciones de combustibles. Actualmente, esas tarifas oscilan entre 1.95 % y 2.50 % por cada transacción, un costo que, aseguran, se ha incrementado en términos absolutos debido al aumento de los precios de los carburantes.
Anadegas sostiene que el impacto económico va más allá del porcentaje aplicado. Según sus cálculos, el margen regulado de comercialización ronda los RD$23.75 por galón de diésel regular y RD$27.07 en las gasolinas, mientras que el costo de las comisiones puede representar entre RD$6.59 y RD$8.45 por galón. Esa proporción equivale aproximadamente a entre un 25 % y un 36 % del margen bruto de comercialización, dependiendo del tipo de combustible y de la tarifa pactada con empresas procesadoras como Carnet, Visanet y Azul.
La organización también argumentó que las comisiones aplicadas en el mercado dominicano superan las observadas en varios países de América Latina y están muy por encima de las registradas en Europa, donde, según indicó, las tasas suelen ubicarse entre 0.3 % y 0.8 %. Durante los próximos 30 días, las partes buscarán un mecanismo que permita reducir el impacto financiero sobre las estaciones sin afectar el servicio a los usuarios ni las operaciones de pago electrónico.
