El proceso judicial que enfrenta el fiscal Aurelio Valdez Alcántara por presuntos actos de corrupción registró un nuevo avance este lunes, luego de que la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional dejara sin efecto la revisión de la medida de coerción que había sido programada y mantuviera vigente la prisión preventiva impuesta al imputado.
La decisión fue adoptada tras una solicitud presentada por el Ministerio Público, que sostuvo que la revisión resultaba improcedente debido a que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia confirmó la medida cautelar el pasado 3 de junio. Con ese precedente, el tribunal concluyó que el plazo para una nueva revisión debía comenzar a computarse nuevamente, por lo que fijó una nueva audiencia para el próximo 3 de septiembre.
El director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, explicó que la resolución se fundamenta en el párrafo tercero del artículo 243 del Código Procesal Penal, disposición que establece que cuando una medida de coerción es recurrida y posteriormente confirmada por un tribunal superior, el período para su revisión obligatoria reinicia su cómputo. Bajo ese criterio, la Corte acogió los argumentos presentados por el órgano acusador.
Mientras la defensa ha insistido en que Valdez Alcántara posee suficiente arraigo para enfrentar el proceso en libertad, las autoridades judiciales han sostenido un criterio distinto. Tanto el tribunal que impuso originalmente la medida como la Suprema Corte de Justicia consideraron que la prisión preventiva continúa siendo la respuesta procesal más adecuada para garantizar el desarrollo de la investigación y la comparecencia del imputado durante el proceso penal.
Valdez Alcántara permanece recluido en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en San Cristóbal, donde cumple una medida de tres meses de prisión preventiva ordenada por la jueza Ysis Muñiz. El Ministerio Público lo acusa de presuntamente solicitar un soborno de 150,000 dólares a una persona bajo investigación y de recibir 10,000 dólares durante una entrega controlada. El expediente también sostiene que la exigencia inicial habría ascendido a 200,000 dólares y que el imputado manifestó interés en recibir un reloj Rolex y un vehículo Mercedes-Benz como parte del supuesto pago ilícito. Las acusaciones incluyen presuntas violaciones al Código Penal Dominicano y a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
