Las asociaciones empresariales de la República Dominicana, la Asociación de Industria de la República Dominicana (AIRD) y la Asociación Nacional de Hoteles y Turismo (Asonahores), han expresado su preocupación por la necesidad de fortalecer y preservar la seguridad jurídica en el país en respuesta a recientes maniobras de una red criminal que buscaba despojar a los accionistas de la empresa Costa Dorada en Baní, provincia Peravia.
El presidente de Asonahores, David Llibre, destacó la importancia de abogar por la seguridad jurídica en proyectos como este, ya que casos como estos pueden afectar la imagen de la industria inmobiliaria turística de la República Dominicana. Confía en que las autoridades tomarán las medidas adecuadas para prevenir casos similares en el futuro.
Por su parte, la AIRD enfatizó la necesidad de garantizar firmemente la seguridad jurídica en el país, ya que esto es esencial para atraer nuevas inversiones y fomentar el desarrollo de proyectos con inversores legítimos. Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo de la AIRD, subrayó la importancia del respeto al estado de derecho y al derecho de propiedad consagrados en la Constitución dominicana.
La investigación reveló una trama criminal que implicó a abogados, contadores, militares y otros individuos en un fraude que alteró la estructura accionarial de la empresa Costa Dorada. Más de cien documentos falsos, como contratos de venta de acciones, actas de asambleas y estados financieros, se utilizaron para cambiar la propiedad de la empresa a nombre de la red criminal. Esto tenía como objetivo despojar a los legítimos socios de Costa Dorada, que incluyen a las empresas Hilari Mayol, S.A.S., Mayol & Co., S.R.L., Grand Cays Corporation y Okra Company, Ltd.
La comunidad empresarial insiste en que se mantenga la seguridad jurídica como un pilar fundamental para el crecimiento de las inversiones y la protección de los derechos de los inversionistas legítimos en la República Dominicana.
