El huracán Fiona ha provocado daños cuantiosos en La Altagracia, El Seibo, La Romana,
San Pedro de Macorís, María Trinidad Sánchez, Samaná y San Francisco de Macorís,
entre otros, dejando daños que el presidente Luís Abinader estima en más de 20 mil
millones de pesos, una suma astronómica para un país que no termina de salir de una
crisis económica severa que afecta considerablemente la producción nacional,
encareciendo la canasta familiar.
Ante la adversidad del huracán y las perdidas ocasionadas el presidente ha declarado
zona de emergía prácticamente toda la región perjudicada. En un gesto plausible, todos
los partidos con representación en la cámara de diputados, decidieron aprobar la
medida emanada del Poder Ejecutivo, por 45 días. La pieza ahora pasará al Senado de la
República donde supongo sucederá lo mismo. De ese modo el Congreso le está
otorgando al gobierno del presidente Abinader una especie de cheque en blanco para
que haga lo que tiene que hacer en beneficio de los sectores que fueron devastados por
el paso de Fiona.
En el pasado no muy lejano el Poder Ejecutivo, en manos de un partido hegemónico,
como el PLD, que controlaba todos los poderes del Estado, hizo aprobar estados de
emergencia sin ninguna justificación que no fuera el robo y el saqueo. Los estados de
emergencia fueron utilizados para hacer grandes negocios en beneficio de suplidores
del Estado en contubernio con los funcionarios de las distintas carteras.
Los estados de emergencia decretados por los gobiernos del PLD eran un negocio de la
Corporación Empresarial que dirigía el país. No fueron pocos los que hicieron grandes
negocios con los estados de emergencia.
No es casual que el presidente Abinader haya advertido a sus funcionarios, que tienen
que actuar con absoluta pulcritud en el manejo de los fondos que la emergencia pondrá
en sus manos. El que actúe indebidamente será cancelado y sometido a la justicia,
también de emergencia, ha dicho el mandatario. ¡El presidente sabe lo que dice y
porque lo dice!
La transparencia tiene que primar. Nadie puede usar los dineros del presupuesto
nacional para favorecer a contratistas y suplidores del Estado, ni para beneficio propio.
El que lo haga tiene que pagar las consecuencias, no importa como se llame ni la
oposición que ocupe tanto en el gobierno como en el partido.
Voy más lejos: Considero que al final de la jornada, cuando las zonas perjudicadas hayan
sido recuperadas fruto de la acción gubernamental, el gobierno debe rendir un informe
detallado de cuánto dinero se gastó y como se gastó, de tal manera que no haya ninguna
duda. Puede hacerlo mediante un encarte en los diarios, como lo hizo Hipólito Mejía con
los “bonos soberanos”, que explicó, con lujo de detalles, como se utilizaron los recursos,
despejando cualquier duda.
La declaración de emergencia agiliza los procesos de compra y contrataciones del
Estado, evitando licitaciones y otros procedimientos largos y tediosos. La situación es
apremiante porque las zonas afectadas fueron devastadas, como lo muestran las
imágenes en la televisión y en las redes sociales. La gente no puede esperar mucho
tiempo. Hay que resolver ahora, no mañana. Como ha dicho el presidente Abinader, no
es gastar más, es gastar bien, evitando las cancelaciones de emergencia de los
elementos inescrupulosos que puedan aparecer en el camino.
