Santo Domingo.- Más de RD$4,239 millones y US$11.6 millones fueron movilizados por la estructura investigada en la Operación Gaviota, un entramado que, según el Ministerio Público, captó recursos de 332 víctimas mediante falsas oportunidades de inversión y que ahora enfrentará el juicio de fondo.
El proceso está pautado para el 15 de septiembre ante el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, luego de que el expediente fuera enviado a juicio con un amplio conjunto de evidencias. La acusación sostiene que detrás de las operaciones no existían inversiones legítimas en mercados internacionales, sino un esquema Ponzi en el que los aportes de nuevos participantes permitían pagar a inversionistas anteriores.
El impacto financiero alcanzó a personas de distintas provincias, algunas de las cuales, de acuerdo con la investigación, llegaron a hipotecar propiedades o comprometer sus ahorros personales para entregar dinero al grupo. La captación se habría presentado como una alternativa de inversión rentable y formal, pese a que las entidades utilizadas no contaban con las autorizaciones correspondientes para captar fondos del público.
La investigación también documentó el uso de Instagram, Facebook, WhatsApp y Telegram para atraer nuevos participantes. El Ministerio Público afirma que la organización recurrió además a sociedades comerciales, cooperativas y empresas de fachada, así como a documentación financiera presuntamente falsificada, para proyectar una apariencia de legitimidad.
Entre las entidades señaladas figuran Investor Winner IW S.R.L., IXI Intermecom S.R.L., Guro Investments S.R.L., Yirewall S.R.L. y Coopes, además de otras sociedades vinculadas al entramado investigado. La acusación atribuye un papel central a Rafael Martínez Batista y Eridania García Veloz de Martínez, junto con otros imputados que habrían participado en la captación y administración de los recursos.
El expediente reúne más de 650 pruebas, entre ellas 376 testimoniales, 19 peritajes financieros y de informática forense, 254 documentales y 29 materiales. Ese conjunto de evidencias fue considerado suficiente por el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional para ordenar la apertura a juicio.
La dimensión del caso también se refleja en la cantidad de personas enviadas a juicio. Además de los principales señalados, figuran entre los acusados Edgar Antonio García Binet, Jesús Manuel de la Cruz Paché, Reynaldo Castillo Garrido, Ana Francisca Martínez Batista, Héctor Aníbal Santillán Faulkner, Carlos Manuel Jiménez Mauricio y Joanna del Cristo Amparo de Jiménez, entre otros.
Una vez que el esquema colapsó, los investigadores sostienen que algunos de los involucrados cedieron acciones de las empresas utilizadas y abandonaron sus domicilios habituales, acciones que el Ministerio Público interpreta como parte de los intentos por dificultar el rastreo de la estructura y sus operaciones.
El caso, desmantelado mediante la Operación Gaviota en junio de 2024, involucra imputaciones por violaciones al antiguo Código Penal y a distintas normas relacionadas con delitos tecnológicos, regulación financiera, mercado de valores, cooperativismo y lavado de activos. Ahora, con la acusación lista para ser presentada, el tribunal deberá determinar la responsabilidad penal de los acusados a partir de las pruebas que serán debatidas durante el juicio.
