SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva contra los 26 imputados arrestados en la Operación Cobra 2.0-A, una nueva fase de la investigación sobre el presunto entramado de corrupción relacionado con el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), cuyo expediente fue presentado ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.
Además de la medida de coerción, los fiscales pidieron que el proceso sea declarado de tramitación compleja, al sostener que la investigación involucra múltiples hechos, víctimas y posibles participantes y que presenta características de delincuencia organizada.
La acusación provisional está respaldada, según el Ministerio Público, por 483 elementos de prueba: 234 documentales, 91 materiales, 82 documentos procesales y 76 periciales. La procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Pepca, afirmó que diez de los imputados han admitido los hechos que les atribuye el órgano acusador, aunque el Ministerio Público no identificó públicamente a esas personas.
Ortiz planteó ante el tribunal que la investigación no debe analizarse únicamente desde la perspectiva del dinero presuntamente sustraído. Afirmó que el esquema investigado habría afectado el derecho fundamental a la salud de afiliados de SeNaSa mediante la generación de cargos que, según la acusación, redujeron los servicios disponibles para pacientes.
Entre los 26 procesados figuran médicos y otras personas vinculadas al funcionamiento del seguro estatal. La solicitud alcanza a Angeury Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Lucreisy Polanco Núñez y la gastroenteróloga Ysabel Heredia Vallejo, además de otros profesionales de la salud y personas señaladas por los investigadores.
La audiencia comenzó con la presentación de los argumentos y evidencias por parte del procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución. El equipo litigante del Ministerio Público también está integrado por el procurador de corte Héctor García y los fiscales Rosa Alba García, Ernesto Guzmán Alberto, Emmanuel Ramírez y Yudelka Holguín.
El juez Rigoberto Sena aplazó el conocimiento de la medida de coerción para este jueves 24 de septiembre a las 2:00 de la tarde, luego de una jornada que se extendió hasta alrededor de las 10:00 de la noche. El tribunal deberá continuar evaluando la solicitud presentada por los fiscales y los planteamientos de las defensas.
Cobra 2.0-A constituye una segunda etapa de una investigación que ya había llevado ante los tribunales al exdirector ejecutivo de SeNaSa, Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, junto con otros imputados. A ese grupo el Ministerio Público atribuye una serie de delitos que incluyen coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
La acusación sostiene que el supuesto esquema habría utilizado diferentes mecanismos para distraer fondos públicos, entre ellos alteraciones de estados financieros y programas especiales que, según los fiscales, carecían de sustento jurídico. Estas afirmaciones forman parte de la investigación y deberán ser sometidas al proceso judicial correspondiente.
El Ministerio Público también relaciona esta investigación con la Operación Onco14, ejecutada en junio contra personas señaladas por presuntas maniobras fraudulentas alrededor del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y del Instituto Oncológico Regional del Cibao. Según la acusación, esas actuaciones también habrían afectado a pacientes con cáncer y a SeNaSa.
Por ese expediente fueron arrestados Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del Instituto Oncológico Regional del Cibao; su esposa, Luisa Yasiris Guzmán, y su exesposa Dilcia Isabel Vargas Sánchez, vinculada a funciones de auditoría del patronato. Lora Cruceta y Guzmán cumplen prisión preventiva, mientras Vargas Sánchez permanece bajo arresto domiciliario, de acuerdo con el Ministerio Público.
La investigación de Cobra 2.0-A busca establecer las responsabilidades individuales dentro del supuesto entramado y determinar el alcance de las operaciones que, según los fiscales, habrían afectado recursos públicos destinados al sistema de salud. La audiencia pendiente definirá ahora las medidas cautelares que corresponderán a los 26 imputados.
El Ministerio Público sostiene que la prisión preventiva solicitada busca garantizar la continuidad de las pesquisas, proteger a las víctimas y preservar elementos de prueba que todavía podrían ser incorporados al expediente. La decisión final sobre esas medidas corresponde al tribunal.
