Santo Domingo.– Un tribunal de Santiago impuso 18 meses de prisión preventiva contra Argenis Natanael Peña Cabrera, señalado por el Ministerio Público como otro integrante de la estructura criminal desmantelada mediante la Operación XL526, dedicada presuntamente a estafar, extorsionar y chantajear a residentes en Estados Unidos.
La jueza Wendy Tavárez, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, también declaró complejo el proceso, a solicitud del Ministerio Público, debido a la cantidad de imputados y víctimas y a la naturaleza de la investigación.
Peña Cabrera enfrenta cargos provisionales por lavado de activos provenientes de delitos de alta tecnología. De acuerdo con la acusación, habría recibido y movilizado recursos obtenidos mediante actividades ilícitas y posteriormente los habría incorporado al sistema financiero para ocultar su origen.
El expediente sostiene que el imputado adquirió viviendas, vehículos, prendas de alto valor y otros bienes suntuosos que, según las autoridades, no se corresponden con su perfil económico ni pueden ser justificados mediante actividades lícitas.
La investigación también señala movimientos financieros que incluyen la recepción de dólares mediante remesas y operaciones de divisas, además de transferencias bancarias y transporte de efectivo. Estos recursos habrían sido sometidos a diferentes mecanismos de estratificación para dificultar la identificación de su procedencia.
El expediente está sustentado, según el Ministerio Público, con más de 700 elementos probatorios de carácter testimonial, pericial y documental.
Una red que operaba desde Santiago
La Operación XL526 fue ejecutada el pasado 2 de junio, cuando un equipo integrado por 35 fiscales realizó 28 allanamientos en Santiago y Puerto Plata y varias personas fueron detenidas para fines de investigación.
Las autoridades identificaron hasta el momento al menos 18 víctimas de una estructura que operaba desde el municipio de Jacagua, Santiago, y que habría dirigido sus acciones principalmente contra residentes en Estados Unidos.
Según la acusación, los integrantes de la organización utilizaban sus conocimientos del idioma inglés y herramientas tecnológicas para captar víctimas mediante anuncios publicitarios y posteriormente someterlas a extorsión y chantaje.
El Ministerio Público sostiene que los imputados llegaban a hacerse pasar por supuestos miembros de organizaciones criminales, incluido el denominado “Cartel de Sinaloa”, con el objetivo de intimidar a las víctimas y exigirles pagos. Como mecanismo de presión, presuntamente enviaban imágenes de hechos violentos para reforzar las amenazas.
Los fondos obtenidos mediante estas maniobras eran posteriormente movilizados a través de criptomonedas como Bitcoin, transferencias electrónicas, transferencias espejo, depósitos mediante empresas remesadoras y plataformas de pago, con el propósito de ocultar su origen y darles apariencia de legalidad.
Por el caso también son procesadas otras personas, entre ellas Carla Pérez, Oscar Manuel Ramos Pichardo (Nilson), Keila Ventura Peña, Yeudy Ventura Sosa (el Pollo), Carlos José Parra Lantigua, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Josiel Pichardo Cabrera, Walinton Ariel Sosa Almonte, Moisés David Pichardo Aracena, Pedro Antonio Pichardo Paulino (Pedro Navaja), Yusmery Altagracia Cabrera, Julio Antonio Peralta del Rosario y Danny Rafael Lagual Ferreira, quienes cumplen distintas medidas de coerción.
La acusación incluye de manera provisional delitos de asociación de malhechores, estafa, extorsión, chantaje, obtención ilícita de fondos, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, además de delitos relacionados con crímenes de alta tecnología, armas de fuego y sustancias controladas.
La investigación fue desarrollada por la Dirección General de Persecución y la Fiscalía de Santiago, con apoyo de unidades especializadas de la Policía Nacional, HSI Santo Domingo y la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado.
