WASHINGTON.- La relación diplomática entre República Dominicana y Nicaragua entra en una nueva etapa de tensión después de que el Gobierno dominicano anunciara el retiro de su embajada en Managua, pocas semanas después de que las autoridades nicaragüenses cerraran su misión diplomática en Santo Domingo.
La decisión fue comunicada este viernes por el canciller Víctor “Ito” Bisonó durante la Trigésima Primera Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de los Estados Americanos (OEA), celebrada en Washington para abordar la situación política y los acontecimientos recientes en Nicaragua.
Bisonó condicionó el eventual regreso de la representación diplomática dominicana a un cambio en las circunstancias que, de acuerdo con la posición oficial de Santo Domingo, afectan las libertades y los principios democráticos en el país centroamericano.
El anuncio llega después de una serie de decisiones que han reducido progresivamente el nivel de las relaciones entre ambos gobiernos. El 23 de julio, República Dominicana llamó a consultas a su embajadora en Managua, tras las declaraciones del presidente nicaragüense Daniel Ortega sobre la eliminación de la vía electoral en su país.
Menos de dos meses después, el Gobierno de Nicaragua comunicó el cierre de su embajada en Santo Domingo. La Cancillería dominicana informó el 9 de septiembre que tomó nota de la decisión y recordó que desde julio su representación en Managua ya se encontraba a nivel de encargado de negocios interino.
Con el retiro anunciado ahora por Santo Domingo, las dos naciones dejan de contar con sus respectivas embajadas residentes. Esto no equivale, por sí mismo, a una ruptura formal de las relaciones diplomáticas, por lo que la comunicación entre ambos Estados puede mantenerse mediante los mecanismos diplomáticos previstos para estos escenarios.
La posición dominicana comenzó a endurecerse en julio, cuando el Gobierno condenó las declaraciones de Ortega según las cuales en Nicaragua “no volverán a haber elecciones”. Santo Domingo sostuvo entonces que el acceso al poder mediante elecciones periódicas, libres, justas y plurales constituye un elemento esencial de la democracia representativa.
Durante su intervención ante la OEA, Bisonó vinculó la postura dominicana con los principios de política exterior definidos por el presidente Luis Abinader, particularmente la promoción y defensa de la democracia y los derechos humanos. También evocó la experiencia dominicana bajo la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo como parte de su argumento para defender una respuesta regional frente al deterioro institucional de otros países.
El canciller dominicano ocupó además la vicepresidencia del cónclave, que fue convocado por la OEA al considerar que los acontecimientos recientes en Nicaragua constituyen un asunto urgente y de interés común para los Estados americanos.
La OEA establece un mecanismo de seguimiento
La reunión de Washington produjo además una respuesta colectiva que va más allá de las declaraciones políticas. Los Estados miembros acordaron establecer un Grupo Ministerial de Seguimiento sobre Nicaragua, respaldado técnicamente por la Secretaría General de la OEA, con la encomienda de iniciar sus trabajos dentro de los próximos 30 días.
El mecanismo buscará establecer diálogo directo con las autoridades nicaragüenses y procurará realizar una visita al país. También contempla contactos con sectores políticos, sociales, religiosos y empresariales, incluida la oposición, la sociedad civil y las comunidades nicaragüenses en el exterior.
Entre los objetivos planteados figuran la liberación de presos políticos, información sobre personas sometidas a desaparición forzada, recuperación de derechos para quienes hayan sido privados de su nacionalidad y el restablecimiento de espacios para medios independientes, organizaciones civiles, instituciones religiosas, universidades y empresas.
La resolución también contempla el fortalecimiento de la independencia institucional, la separación de poderes, el pluralismo político y unas instituciones electorales consideradas confiables, además de condiciones para una eventual observación electoral internacional.
El grupo deberá presentar recomendaciones en un plazo de 60 días, incluidas posibles acciones diplomáticas y jurídicas compatibles con el derecho internacional y que excluyan el uso de la fuerza. La Reunión de Consulta permanecerá abierta y podrá volver a ser convocada dentro de los 90 días siguientes a la primera reunión del grupo o antes si las circunstancias lo requieren.
La situación nicaragüense también ha sido objeto de nuevos señalamientos de organismos de derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas señalaron esta semana que continúan documentando graves violaciones de derechos humanos desde el inicio de la crisis de 2018, entre ellas detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, confiscaciones y privaciones de nacionalidad.
El retiro de la embajada dominicana se produce, por tanto, mientras la relación bilateral permanece sin representaciones diplomáticas residentes y la OEA inicia un mecanismo específico para dar seguimiento a la situación nicaragüense. El desarrollo de ese proceso y las condiciones políticas en Managua determinarán los próximos pasos de Santo Domingo respecto a su misión diplomática.
