La defensa legal de la diputada Rosa Amalia Pilarte López, perteneciente al Partido Revolucionario Moderno (PRM) y enfrentando acusaciones de lavado de activos provenientes del narcotráfico, ha presentado una solicitud al juez de Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Napoleón Estévez. En dicha solicitud, se argumenta que la acusación contra la legisladora debe ser declarada inadmisible debido a la falta de precisión en la formulación de los cargos por parte del Ministerio Público, lo que dificulta una calificación jurídica adecuada.
Luis Félix, el abogado de la diputada, declaró: «La defensa sostiene que la acusación formulada por el Ministerio Público carece de una formulación precisa de cargos y no ha sido específica en la imputación. Hemos solicitado al juez que declare inadmisible la acusación basándonos en eso». El tribunal ha dejado pendiente la resolución de este incidente para después de revisar los detalles de la acusación.
Por su parte, Rosa Amalia Pilarte López ha reiterado su inocencia, así como la de su familia, y ha calificado las acusaciones en su contra como falsas. En referencia a los más de 4,000 millones de pesos de origen ilícito que el Ministerio Público atribuye a un supuesto entramado dirigido por su esposo, Florencio (Micky López), la legisladora argumentó: «Esos son depósitos y movimientos de una empresa vigente desde hace muchos años, como cualquier empresario entendería».
La acusación implica a Pilarte López, su esposo, sus hijos José Miguel López Pilarte y Miguel Arturo López Pilarte, su hermana Ada María Pilarte y su cuñado Manuel Antonio Ynoa Valdez. Se alega que la acusada transfirió varios inmuebles a diferentes razones inmobiliarias por un valor inferior a su costo real, además de diversas propiedades.
El expediente acusatorio imputa a la supuesta red la violación de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en República Dominicana, citando varios artículos de la misma. Estos hechos, en su mayoría, estaban tipificados en la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos, modificada por la ley 155-17.
