SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público defendió la continuidad del proceso penal contra los acusados de integrar una presunta red de sobornos que habría pagado más de RD$108 millones a funcionarios para conseguir y mantener contratos de seguridad privada en distintas instituciones del Estado.
La posición de la Fiscalía fue expresada este lunes por el fiscal litigante Ernesto Guzmán Alberto, luego de que Elías Caamaño Pérez, uno de los procesados, recusara al juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
Guzmán Alberto consideró que no existen razones jurídicas para suspender o retrotraer un expediente que ya ha avanzado hasta la etapa de audiencias. Por esa razón, dijo esperar que la Corte de Apelación rechace la recusación y disponga la continuación del proceso.
Caamaño Pérez fue coordinador de Seguridad Patrimonial de la Dirección Ejecutiva del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa). En octubre pasado, el juez Peguero había ordenado separarlo del expediente principal presentado por el órgano acusador.
Una acusación contra 14 personas y empresas
El Ministerio Público presentó en julio una acusación formal y solicitó la apertura a juicio contra 14 personas físicas y jurídicas señaladas de participar en el esquema de sobornos.
Entre los acusados figuran Quilvio Rodríguez González, representante de Servicio Nacional de Seguridad Integral S.R.L. (Senase); Bolívar Nicolás Fernández Espinal, exencargado de Seguridad de Edenorte Dominicana; Carlos Ambrosio Robles Díaz, exdirector de Seguridad de EdeSur, y Francisco Guarín Fernández Vásquez, exdirector de Seguridad del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi).
También están incluidos Ramón Quezada Ortiz, miembro del Departamento de Seguridad de EdeEste; Andrés Pacheco Varela, exencargado de Seguridad de Edenorte; Wellington Peralta Santos, exasistente del encargado de Seguridad del Inaipi; Luis Ernesto Vicioso Bocio, exdirector de Seguridad de EdeEste, y Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar.
En cuanto a las entidades comerciales, el expediente señala a Servicios Senase y El Niño Prodigio EIRL, vinculadas a Quilvio Bienvenido Rodríguez; así como a Magestym Waste & Recycling Company SA y Magesty Recycling SRL, relacionadas con Bolívar Nicolás Fernández Espinal y Miguelina Antonia Rosario Sánchez.
Más de RD$108 millones en pagos investigados
De acuerdo con la acusación, los sobornos identificados alcanzan los RD$108,080,359.92. El órgano persecutor sostiene que esos recursos fueron exigidos y recibidos por responsables de seguridad de distintas instituciones públicas y otros funcionarios para favorecer a contratistas del servicio de vigilancia privada.
La investigación comenzó a partir de una denuncia remitida por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, que alertó sobre una presunta estructura dedicada a manipular procesos de contratación estatal y exigir pagos ilegales a cambio de beneficiar a determinadas empresas.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con el apoyo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, desarrolló las pesquisas sobre el funcionamiento de la red.
Según el expediente, Senase habría realizado pagos a funcionarios durante los períodos 2012-2020 y 2020-2025. Las operaciones se habrían ejecutado mediante transferencias bancarias y entregas de dinero en efectivo, con el propósito de asegurar la continuidad de los contratos adjudicados a la empresa en diferentes dependencias estatales.








