Justicia

Hombre acusado de amenazar a Bartolomé Pujals recibe medidas de coerción por seis meses

SANTO DOMINGO.- Una garantía económica de RD$25,000 y presentación periódica durante seis meses fueron impuestas a Marvin Dariel Acosta, de 24 años, investigado por presuntamente amenazar a Bartolomé Pujals, embajador de República Dominicana ante la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), mediante perfiles falsos en redes sociales.

La decisión fue adoptada por la jueza Cecilia Toribio, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, a solicitud del Ministerio Público. La garantía deberá formalizarse mediante un contrato de fianza.

Amenazas difundidas en redes sociales

De acuerdo con la investigación, Acosta habría utilizado cuentas falsas para enviar mensajes intimidatorios contra el diplomático. Entre las expresiones identificadas figuran: «¡Cuídese, que voy por usted, es su cabeza que quiero!» y «¡Ya le llegó su hora!».

El hombre fue identificado por la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec), junto con la División de Investigaciones de Delitos Informáticos (DIDI), de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

Las autoridades ejecutaron su arresto en su residencia, ubicada en el municipio de Los Alcarrizos, provincia Santo Domingo, mediante la orden judicial número 2026-AJ0083675.

Durante las actuaciones, el investigado manifestó que no conocía personalmente a Pujals.

Calificación jurídica provisional

Luego de su detención, el Ministerio Público presentó el caso ante la justicia y solicitó medidas de coerción al amparo del artículo 226, numerales 1, 3 y 4, del Código Procesal Penal. Estas contemplan la garantía económica, la obligación de someterse al cuidado y vigilancia de una persona o institución determinada y la presentación periódica.

La acusación provisional atribuye a Acosta una presunta violación del artículo 17 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, relativo a la suplantación de identidad, así como de los artículos 305 y 306 del Código Penal dominicano, que tipifican las amenazas.

Las imputaciones corresponden a la calificación jurídica provisional formulada por el órgano acusador mientras continúa el proceso judicial.

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