La Unidad de Análisis Financiero reveló en su más reciente informe estadístico que durante el año 2025 se registró un incremento en los reportes de operaciones sospechosas (ROS) vinculadas al lavado de activos, delitos precedentes y financiamiento del terrorismo en el país.
En total, se contabilizaron 4,436 reportes, lo que representa un crecimiento de 2.7 % en comparación con el año anterior. De esa cifra, 4,280 provinieron del sistema financiero, mientras que 156 fueron generados por sectores no financieros.
Entre las principales causas que motivaron estos reportes figura la falta de documentación que respalde el origen de los fondos, con un 26.2 %, seguida por transacciones que no corresponden al perfil del cliente (14.25 %) y la existencia de informaciones negativas (12.54 %). También se identificaron comportamientos inusuales, como depósitos y retiros inmediatos o discrepancias entre ingresos declarados y reales, representando un 9.4 % de los casos.
El informe destaca, además, un aumento significativo de un 35.5 % en la cantidad de personas físicas y jurídicas analizadas por la UAF, a solicitud de distintas instituciones del Estado. Entre ellas, la Procuraduría General de la República encabezó los requerimientos con un 64 %, seguida por la Dirección Nacional de Control de Drogas con un 19.5 %.
Otras entidades que solicitaron asistencia fueron el Ministerio de Defensa, la Armada de la República Dominicana, la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Inteligencia.
En el proceso de investigación, la UAF incrementó el análisis de bienes, evaluando 2,846 vehículos y 2,390 inmuebles en 2025, cifras superiores a las registradas en 2024. Asimismo, se examinaron movimientos financieros que alcanzaron los 53,969.3 millones de pesos y 25.6 millones de dólares.
Durante el período, la entidad elaboró 64 informes de inteligencia de manera espontánea, los cuales fueron remitidos al Ministerio Público y otras autoridades competentes al detectar indicios suficientes de posibles delitos.
Los principales ilícitos identificados en estos reportes fueron el lavado de activos (45.8 %), el tráfico ilícito de drogas (26.8 %) y la corrupción administrativa (9.5 %), concentrando en conjunto el 82.1 % de los casos analizados.
El informe también señala otras infracciones en menor proporción, como estafa agravada, trata de personas, crimen organizado transnacional, contrabando, falsificación de documentos, delitos tecnológicos, delitos medioambientales y testaferrato.
