SANTO DOMINGO.- El rescate de 13 niños, niñas y adolescentes, algunos de apenas cuatro meses de edad, desencadenó una investigación penal que ahora avanza hacia una etapa decisiva con el proceso contra dos hombres señalados por el Ministerio Público de cometer presuntos actos de maltrato y explotación contra menores en Bajos de Haina, San Cristóbal.
La audiencia en la que se conocerá la solicitud de prisión preventiva contra Ángel Gabriel Capellán e Isaías Ramón Muñoz Rodríguez fue aplazada para el próximo 10 de septiembre por el juez José Carlos Arias, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del distrito judicial de San Cristóbal.
Uno de los puntos que deberá abordarse en esa fecha será el anticipo de pruebas de los menores rescatados, diligencia que motivó el aplazamiento del proceso. La defensa, además, solicitó tiempo adicional para presentar los presupuestos con los que sustentará su posición frente a la medida solicitada por las autoridades.
El expediente se originó después de que uno de los menores que permanecía en el lugar escapara y acudiera a un destacamento policial. La alerta permitió a las autoridades conocer las condiciones en las que se encontraban otros niños alojados en el establecimiento y puso en marcha las investigaciones que posteriormente condujeron a los allanamientos.
Una operación realizada durante la noche del 29 al 30 de agosto de 2026 permitió intervenir simultáneamente varios puntos de los sectores La Pared y El Carril, en Bajos de Haina. En esas actuaciones fueron localizados los 13 menores, con edades comprendidas entre los cuatro meses y los 13 años.
El Ministerio Público sostiene que los niños presentaban signos evidentes de maltrato físico y psicológico y que el establecimiento funcionaba bajo la apariencia de una fundación y espacio religioso dentro de una finca. La calificación jurídica provisional del caso incluye además la trata de personas con fines de explotación laboral.
La investigación está siendo desarrollada por la Fiscalía de San Cristóbal junto con la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, con apoyo de unidades especializadas de la Policía Nacional y organismos encargados de la protección de la niñez.
Para la próxima audiencia, la Fiscalía anticipó que solicitará tres meses de prisión preventiva contra los dos imputados, mientras continúa recopilando elementos para sustentar la acusación. Las víctimas estarán representadas durante el proceso por abogados del Servicio Nacional de Representación Legal de los Derechos de la Víctima (Relevic).
El caso permanece en fase de investigación, por lo que corresponderá al tribunal valorar los elementos presentados por las partes antes de decidir si impone la medida de coerción solicitada y bajo qué condiciones continuará el proceso judicial.
