Economía

Abogan para que Airbnb cumpla con normas legales para actividad de alojamiento

Regulación

Ante la pronta aplicación del impuesto sobre las transferencias de bienes industrializados y servicios (Itbis) a las empresas extranjeras proveedoras de servicios por plataformas digitales, incluidos los servicios de alojamiento de renta corta como Airbnb, asociaciones dominicanas apoyan el avance, pero consideran que, además de gravarlas, el Gobierno debe instruirlas para que cumplan normativas que regulen el hospedaje.

En República Dominicana hay alrededor de 80,000 habitaciones que operan bajo el modelo de alquiler Airbnb, casi la misma cantidad de la disponibilidad de habitaciones para hospedaje de visitantes en hoteles y resorts, informó el presidente de la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes (Asonahores), Rafael Blanco Tejera.

Detalló que la zona del país que tiene la mayor cantidad de inmuebles con fines de alquiler a corto plazo por Airbnb es Santo Domingo, donde hay unas 30,000 piezas en distintas localidades, y el resto se distribuye en provincias turísticas.

A partir del próximo mes el Gobierno comenzará a gravar a este tipo de empresas internacionales que usan la tecnología y el internet como mecanismo para canalizar clientes que buscan inmuebles para vacacionar, trabajar o divertirse en grupo. La meta es recaudar más de 3,000 millones de pesos por impuestos a empresas extranjeras.

Pese a los avances en el nuevo proyecto de reglamento del Itbis, Asonahores considera que no se trata únicamente de cobrarles un impuesto, sino de integrarlas al sector para que el servicio que ofrecen estas plataformas cumpla con los estándares de calidad que caracterizan la oferta turística del país.

“No nos negamos al producto, lo que buscamos es que entren al sistema y cumplan con las leyes para evitar que haya un tema (refiriéndose a inconvenientes con turistas) que afecte la marca país”, comentó Blanco a la prensa.

Expresó que los productos que se venden por Airbnb no son todos económicos; se trata de empresas formales que operan a nivel internacional y pueden acatar las normativas que el Gobierno le imponga para fortalecer el sector.

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