SANTO DOMINGO.- Garantías económicas de hasta RD$4 millones, impedimento de salida del país y presentación periódica fueron impuestas a propietarios y representantes de armerías investigados por el Ministerio Público por presunta comercialización y manejo ilícito de armas de fuego, municiones y otros pertrechos.
Las medidas forman parte de las actuaciones judiciales derivadas de la Operación Armum, desplegada el pasado 1 de septiembre con 18 allanamientos en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, Santiago, Mao, Espaillat y San Francisco de Macorís. La investigación señala distintas modalidades de operación irregular en establecimientos dedicados a la venta y manejo de armas.
El expediente incluye a Braulio Veras Rodríguez, contra quien fue establecida una garantía de RD$4 millones; Henry Leónidas Tejeda Peralta, RD$3.5 millones, y Alexis Díaz Rodríguez, RD$3 millones. También fueron fijadas garantías de RD$2 millones para Manuel de los Santos Acevedo y Jonathan Méndez Decena.
Completan este grupo Wilmer Brahian Florentino o Wilmer Brahian Florentino Beltré y Benito Alifonso Quezada, con garantías de RD$1 millón cada uno. Todas deberán ser formalizadas mediante contratos de fianza con compañías aseguradoras.
El expediente judicial establece que los imputados enfrentarán cargos relacionados con la tenencia ilícita, acopio o almacenamiento ilegal de armas y municiones e intermediación ilícita, conductas contempladas en los artículos 66, párrafo, 68, 70, 71 y 72 de la Ley 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados. Esas infracciones pueden conllevar penas de entre 10 y 20 años de prisión.
La dimensión del caso quedó reflejada en los objetos encontrados durante las intervenciones. Las autoridades reportaron la ocupación de aproximadamente 200 armas de fuego largas y cortas, entre pistolas y revólveres, además de unas 40,000 municiones, muchas de ellas sin marcaje.
Entre los hallazgos también figuran armas pertenecientes a terceros que, según la investigación, habrían sido almacenadas ilegalmente. A esto se suman armas de guerra y de uso prohibido, miras telescópicas, dispositivos láser, adaptadores, cargadores tipo tambor y armas modificadas o alteradas.
El Ministerio Público también informó sobre la ocupación de pertrechos pertenecientes a agencias de investigación del Estado que, de acuerdo con las pesquisas, se encontraban sin los permisos correspondientes. La presencia de municiones sin marcaje es señalada por las autoridades como un elemento que apunta a un posible ingreso ilícito de parte de ese material al territorio dominicano.
La investigación identificó además distintas formas de operar fuera de las disposiciones legales: establecimientos que funcionaban sin licencia, permisos vencidos, realización de trabajos de taller sin autorización, intermediación para ventas sin licencia y retención de armas de terceros.
En el Distrito Nacional, la jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, acogió la calificación jurídica presentada por el Ministerio Público. La resolución fue remitida al Sexto Juzgado de la Instrucción, tribunal que tendrá a su cargo el control de la investigación.
El proceso también alcanzó a Santo Domingo Este, donde la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente impuso garantías económicas de RD$500,000 a María Mercedes Navarro Viña, Eddy Herubey Hernández Ureña y Carlos Manuel Lorenzo Sánchez. En estos casos también fueron ordenadas presentación periódica e impedimento de salida del país.
Las pesquisas en esa jurisdicción incluyen a las armerías Los Héctor y Joso Eirl, mientras que en el Distrito Nacional el expediente involucra a Gestiones de Armas de Fuego Braulio S.R.L., Tejeda Álvarez y Asociados SRL, Armería Braihan, Armería Los Cocolos, Armería Gavilán y Armería Eliezel.
La operación movilizó a 25 fiscales, 190 agentes policiales, 19 inspectores del Ministerio de Defensa y 19 del Ministerio de Interior y Policía, en un despliegue coordinado entre esas instituciones para intervenir los establecimientos bajo investigación.
El fiscal Andrés Mena, de la Dirección de Jurisdicción Privilegiada y Procesos Especiales, sostuvo tras la audiencia que las medidas representan una actuación dentro de la estrategia de persecución penal contra actividades vinculadas al comercio ilegal de armas.
La investigación estuvo a cargo de la Procuraduría Especializada para el Control y Tráfico de Armas, junto con organismos del Ministerio de Defensa, el Ministerio de Interior y Policía y la Policía Nacional. El Ministerio Público mantiene el caso bajo investigación mientras los tribunales correspondientes ejercen el control judicial del proceso.
