Santo Domingo.- Siete presuntos integrantes de una estructura de narcotráfico vinculada al envío de grandes cargamentos de cocaína hacia Puerto Rico cumplirán 18 meses de prisión preventiva, mientras el Ministerio Público profundiza la investigación sobre la red.
Los imputados son Francisco Daniel García Santana (el Gato y/o el Felino), Wendy Cedeño Santillán (el Suave y/o el Alcalde), Francisco Pinales (Fernelis), Joselo Pinales, Modesto Amado Concepción Castillo (Usao y/o Kiko), Yeremy José Pereyra Pinales (Yeri) e Irwing Felipe Rodríguez Rijo (el Gordo, el Cerdo y/o Keche).
Según la investigación, el grupo formaba parte de una estructura transnacional dedicada a recibir cargamentos de narcóticos procedentes de Colombia y otros puntos de Sudamérica para posteriormente trasladarlos por vía marítima hacia Puerto Rico.
La dimensión de las operaciones investigadas alcanza aproximadamente 9,000 kilos de cocaína, que habrían sido movilizados hacia territorio puertorriqueño, junto con unos 160 millones de dólares derivados de esas actividades ilícitas, de acuerdo con el expediente presentado ante el tribunal.
Una red apoyada en conocimiento marítimo
La investigación apunta a que la organización utilizaba las costas de la región este como parte de su plataforma logística y que también brindaba apoyo a otras organizaciones y cabecillas dedicados al narcotráfico.
Para ejecutar los traslados, la estructura habría captado y reclutado personas con experiencia en navegación marítima y pesca, conocimientos que eran aprovechados para movilizar los cargamentos hacia Puerto Rico.
La Operación LOGTCA, desarrollada el 6 de agosto, incluyó 14 allanamientos simultáneos en diferentes puntos de la provincia La Altagracia. Durante el despliegue fueron arrestadas 11 personas y las autoridades ocuparon embarcaciones, equipos GPS, armas y sustancias controladas.
Tribunal declara complejo el caso
Además de ordenar la prisión preventiva de los siete imputados, el tribunal declaró complejo el proceso y concedió al Ministerio Público un plazo adicional de ocho meses para presentar el acto conclusivo de la investigación.
Los fiscales sostuvieron que las evidencias reunidas permiten vincular a los procesados con los hechos investigados y que existe riesgo de fuga, argumentos que fueron acogidos para imponer la medida de coerción.
La jueza Francis Y. Reyes Diloné, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, dispuso que los imputados cumplan la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Anamuya, en La Altagracia.
El plazo concedido permitirá al Ministerio Público continuar con el procesamiento de las evidencias físicas, electrónicas y documentales obtenidas durante los allanamientos y determinar el alcance de la estructura investigada.
