Bogotá, Colombia.– La dimensión de la tragedia provocada por el terremoto de magnitud 7,4 que golpeó Colombia el pasado 10 de agosto continúa creciendo, con 321 personas fallecidas, 257 desaparecidas y 4,595 heridas, según el más reciente balance oficial de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
El desastre ha dejado además 146,188 familias damnificadas, equivalentes a 284,185 personas, distribuidas en 476 municipios pertenecientes a 15 de los 32 departamentos colombianos. Las autoridades mantienen las labores de atención y búsqueda mientras actualizan el registro de víctimas y daños.
La infraestructura habitacional figura entre los sectores más golpeados. Hasta el momento se contabilizan 31,445 viviendas destruidas y otras 163,884 con daños, mientras que 467 edificaciones han colapsado. Cali y Pereira, capitales de Valle del Cauca y Risaralda, respectivamente, se encuentran entre las zonas con mayores afectaciones.
El impacto también alcanza servicios esenciales y redes de comunicación terrestre. Los reportes oficiales registran daños en 351 centros de salud, 3,579 centros educativos, 4,611 centros comunitarios, 435 vías, 111 acueductos y 69 puentes vehiculares, además de 14 puentes peatonales y cinco aeropuertos.
A la cifra de víctimas se suman 364 personas rescatadas, un dato que refleja la magnitud de las operaciones desplegadas desde las primeras horas posteriores al movimiento telúrico. Las autoridades continúan dando seguimiento a las personas que permanecen desaparecidas, mientras los equipos de emergencia trabajan en las zonas afectadas.
El terremoto tuvo su epicentro en el municipio de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, región del Pacífico colombiano. También resultaron afectados los departamentos de Caldas y Quindío, además de Valle del Cauca y Risaralda.
Por su magnitud, el sismo es considerado el más fuerte registrado en Colombia en lo que va del siglo XXI, dejando un escenario de emergencia que combina pérdida de vidas, desplazamiento de familias y daños severos a viviendas, infraestructura pública y servicios básicos.
