La investigación por el presunto fraude cometido contra el Seguro Nacional de Salud (Senasa) entra esta semana en una fase determinante. Este jueves 30 vence el plazo legal para que el Ministerio Público presente la acusación formal o cualquier otro requerimiento conclusivo contra el exdirector de la ARS estatal, Santiago Hazim, y los demás implicados en el expediente por alegada corrupción administrativa.
La decisión marcará el futuro inmediato del proceso, considerado uno de los mayores casos de presunto desfalco al sistema público de salud en los últimos años, con una estafa que, según la investigación, supera los RD$19,000 millones.
El Ministerio Público deberá decidir si lleva el caso a juicio
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y la Dirección General de Persecución deberán depositar el acto conclusivo ante la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero.
Si presentan una acusación formal acompañada de una solicitud de apertura a juicio, el expediente será remitido a un tribunal de la instrucción que tendrá a su cargo conocer el juicio preliminar, etapa en la que se determinará si existen méritos suficientes para enviar el caso a un juicio de fondo.
¿Qué ocurre si el plazo vence sin una acusación?
El Código Procesal Penal contempla un mecanismo para impedir que una investigación permanezca indefinidamente sin una decisión del órgano acusador.
De acuerdo con el artículo 151, si el Ministerio Público no presenta el requerimiento dentro del plazo establecido, el juez de control de la investigación deberá intimar a la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, así como a los representantes legales del Estado, para que depositen el acto correspondiente en un plazo común de 15 días.
La legislación también establece una consecuencia aún más severa: si ese período adicional transcurre sin que ninguna de las partes presente un requerimiento conclusivo, el juez deberá declarar extinguida la acción penal.
La norma busca evitar retrasos injustificados en los procesos penales y establece, además, que el incumplimiento de estos plazos puede generar responsabilidad personal y civil para el fiscal responsable de la investigación.
El juez también revisará las medidas de coerción
El mismo jueves está programada la revisión obligatoria de las medidas de coerción impuestas a los imputados que permanecen en prisión preventiva en el centro penitenciario de Las Parras.
Esa audiencia será conocida por el juez Deybi Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien también tendría la facultad de decidir sobre cualquier solicitud relacionada con los plazos procesales de la investigación.
Diez personas figuran entre los principales acusados
Además de Santiago Hazim, el expediente incluye como imputados a Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, entre otros exfuncionarios y suplidores vinculados a Senasa.
Tres de los procesados —Read Estrella, Acosta Sención y Pineda Perdomo— admitieron ante los tribunales haber entregado sobornos a funcionarios de la aseguradora estatal, una colaboración que les permitió obtener arresto domiciliario en sustitución de la prisión preventiva.
Más de RD$19,000 millones bajo investigación
Según la tesis del Ministerio Público, la presunta estructura criminal habría operado entre 2020 y 2025, utilizando distintos mecanismos para defraudar al Estado dominicano mediante contratos, pagos irregulares y otras operaciones relacionadas con el sistema público de seguros de salud.
Aunque inicialmente el perjuicio económico fue estimado en más de RD$15,000 millones, las investigaciones posteriores elevaron esa cifra a más de RD$19,000 millones.
A los imputados se les atribuyen delitos de asociación de malhechores, coalición de funcionarios, prevaricación, estafa contra el Estado, desfalco, soborno, lavado de activos, falsificación y uso de documentos falsos.
El Ministerio Público ha reiterado que las investigaciones continúan abiertas y que otras personas físicas y jurídicas permanecen bajo investigación, por lo que no se descartan nuevas imputaciones dentro del caso.
