El procurador adjunto y director general de Persecución, Wilson Camacho, visitó el sector La Barranquita (Corona Plaza), en Santiago, donde el pasado 10 de septiembre murieron cinco personas en un presunto intercambio de disparos con agentes policiales.
Camacho entrevistó a los familiares de las víctimas y recorrió la zona del hecho, revisando evidencias que no habrían sido procesadas inicialmente. También ordenó nuevas diligencias, como la inspección de casquillos en un local cerrado y entrevistas en viviendas cercanas.
Las víctimas fueron identificadas como Edward Bernardo Peña Rodríguez, Carlos Enrique Guzmán Navarro (alias “el Charly” o “Charli Chasc”), Elvis Antonio Martínez Rodríguez, Julio Alberto Gómez y José Vladimir Valerio Estévez.
El abogado Rafael Valerio, primo de Valerio Estévez, señaló que esperan decisiones procesales y reiteró que su pariente era peluquero y no tenía vínculos con actividades delictivas, como asegura la versión policial.
Los policías involucrados en la operación fueron suspendidos y puestos a disposición del Ministerio Público, mientras se desarrolla la investigación.
Reacciones oficiales
La ministra de la Presidencia, Faride Raful, calificó el hecho como “bochornoso” y prometió que “no habrá impunidad”.
Por su parte, el presidente Luis Abinader aseguró que la investigación llegará “hasta las últimas consecuencias”, reiterando que todas las actuaciones de la Policía deben ser esclarecidas.
Contexto de la violencia policial
Los registros muestran que, tras la designación del actual director de la Policía Nacional, Ramón Antonio Guzmán Peralta, en noviembre de 2023, el número de muertes en operativos policiales ha aumentado. Entre 2021 y 2024 el alza acumulada supera el 190 %.
La tasa de muertes por acción policial en República Dominicana se sitúa en 1.5 por cada 100,000 habitantes, casi cuatro veces más que en Estados Unidos (0.36). La mayoría de estos casos quedan sin esclarecer, salvo cuando no se prueban antecedentes penales a las víctimas.
