El Ministerio Público solicitó prisión preventiva para diez personas y una entidad vinculadas al caso Operación Pandora, además de declarar el proceso como caso complejo. Según el procurador adjunto Wilson Camacho, la investigación ha revelado la sustracción de más de 900,000 proyectiles de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional, los cuales eran vendidos de forma ilícita. También se investigan posibles vínculos con armas de fuego y otros pertrechos militares.
Camacho destacó la gravedad del caso, señalando que afecta la seguridad nacional y compromete la transparencia de una institución clave del sistema de justicia. Hasta el momento, se han presentado 213 páginas y 235 pruebas como parte del expediente, y se podría incluir a más implicados conforme avancen las investigaciones. Entre los acusados figuran altos oficiales de la Policía Nacional, militares, civiles y una empresa con sede en Santiago.
Esta es la tercera investigación que el Ministerio Público realiza dentro del sistema de justicia en busca de erradicar irregularidades. “El país necesita transparencia, especialmente en las instituciones encargadas de velar por la seguridad y el orden”, enfatizó Camacho.
