El sector cooperativo de República Dominicana será afectado por la próxima reforma fiscal que presentará el Gobierno. Las cooperativas, que han operado con incentivos fiscales desde la promulgación de la Ley 127-64 en 1964, han experimentado un crecimiento significativo, con más de 2,000 cooperativas registradas y activos superiores a RD$300,000 millones.
El objetivo de la reforma es revisar los incentivos otorgados al sector, fortalecer su regulación y garantizar la protección de los socios frente a riesgos tributarios y de lavado de activos. Las cooperativas han sido incluidas como «sujetos obligados» dentro de la ley de prevención de lavado de activos y terrorismo.
El Gobierno también considera reforzar el papel del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop) o transferir la regulación a la Superintendencia de Bancos. El Fondo Monetario Internacional (FMI), en su evaluación reciente, ha recomendado al país modernizar el marco regulatorio financiero para aumentar la resiliencia del sector y cerrar las brechas de supervisión.
