Tras el devastador incendio que azotó la cárcel de La Victoria el pasado 18 de marzo, los tribunales dominicanos enfrentan un obstáculo considerable en el desarrollo de sus juicios: el traslado de los presos no está siendo ejecutado de manera efectiva.
El traslado de los reclusos desde La Victoria hacia cárceles en otras partes del país, como medida de mitigación tras el incendio, está teniendo un impacto directo en la capacidad de los tribunales para llevar a cabo sus procedimientos judiciales. Muchos presos trasladados no son presentados ante los tribunales para enfrentar sus juicios, resultando en constantes aplazamientos de audiencias.
Esta situación está generando caos en los tribunales del Distrito Nacional y la Provincia de Santo Domingo. Abogados y defensores públicos se quejan de que, debido a la falta de notificación por parte de las autoridades penitenciarias sobre el traslado de sus clientes, las audiencias se ven forzadas a posponerse.
Un juez, que prefirió mantenerse en el anonimato, señaló que además de la falta de traslados de presos a los tribunales, se están solicitando aplazamientos innecesarios por parte de los abogados de los reclusos.
Esta movilización de presos es una medida adoptada por la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, quien había anunciado la reubicación de 1,800 presos de La Victoria en otras cárceles del país.
Los reclusos trasladados de La Victoria han sido enviados a diversas cárceles, incluyendo El Pinito en La Vega, Vista al Valle en San Francisco de Macorís, así como varios Centros de Corrección y Rehabilitación en diferentes regiones del país.
Además, se intentó implementar un proyecto de tribunales móviles en La Victoria y en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo, con el objetivo de realizar audiencias dentro de las instalaciones penitenciarias y así descongestionar los centros. Sin embargo, este proyecto fracasó debido a la falta de traslado de los reclusos a las audiencias, lo que resultó en la suspensión de la mayoría de estas debido a la ausencia de los imputados.
Este fracaso se agravó con la llegada de la pandemia de Covid-19, y aunque las audiencias se llevaban a cabo con regularidad, la falta de presencia de los internos obstaculizó significativamente el proceso judicial.
El traslado de presos de La Victoria, lejos de aliviar la situación en la cárcel, está generando complicaciones adicionales en el sistema judicial dominicano, afectando la administración de justicia de manera significativa.
