SANTO DOMINGO.- Unas 200 armas de fuego y alrededor de 40,000 municiones fueron ocupadas durante los allanamientos realizados contra armerías investigadas por presuntas operaciones irregulares en varias zonas del país, en un operativo que además dejó al descubierto armas sin documentación, municiones sin marcaje y pertrechos pertenecientes a agencias de investigación del Estado.
Los decomisos se produjeron como parte de la Operación Armum, desplegada en establecimientos ubicados en el Distrito Nacional, Mao, Espaillat, San Francisco de Macorís, Santiago y Santo Domingo Este. El Ministerio Público informó que una parte considerable de las armas ocupadas no contaba con documentos ni constancia que permitiera establecer su procedencia.
Entre los hallazgos también figuran aproximadamente 40,000 municiones, muchas de ellas sin marcaje. El Ministerio Público sostiene que esta característica constituye un indicio de que parte de esos proyectiles habría ingresado al territorio dominicano mediante tráfico ilícito.
El inventario encontrado no se limitó a armas convencionales. Las autoridades reportaron armas de guerra y de uso prohibido en República Dominicana, además de miras telescópicas, miras láser con punto rojo, adaptadores, cargadores tipo tambor y armas que habían sido modificadas o alteradas.
Otro elemento que amplió el alcance de la investigación fue el hallazgo de pertrechos pertenecientes a agencias de investigación del Estado que, según el órgano persecutor, estaban en los establecimientos sin los permisos correspondientes. También fueron ocupadas armas pertenecientes a terceros que, de acuerdo con la investigación, habrían sido acopiadas de manera ilícita.
La magnitud y diversidad de los objetos incautados llevó al Ministerio Público a detener en flagrante delito a los propietarios o representantes de las armerías intervenidas. Contra ellos serán solicitadas medidas de coerción ante los tribunales, mientras las autoridades continúan reuniendo elementos para determinar las responsabilidades individuales.
La operación involucró un amplio despliegue interinstitucional: 25 fiscales, 190 agentes de la Policía Nacional, 19 inspectores del Ministerio de Defensa y otros 19 del Ministerio de Interior y Policía participaron en las intervenciones simultáneas.
La investigación está encabezada por la Procuraduría Especializada para el Control y Tráfico de Armas, junto con organismos de seguridad y supervisión vinculados al control de armas y establecimientos de seguridad privada. El objetivo es determinar cómo llegaron a las armerías las armas y municiones sin documentación, así como establecer la procedencia y legalidad de los demás equipos ocupados.
Más allá de los allanamientos, el caso pone bajo investigación los mecanismos utilizados para importar, almacenar, modificar y comercializar armas y municiones dentro del país. La presencia de armas de uso restringido y de equipos vinculados a organismos estatales añade otros frentes a las pesquisas.
El Ministerio Público indicó que Armum forma parte de la estrategia nacional para reforzar el control de las armas de fuego y sus pertrechos y adelantó que la investigación continuará mientras los implicados son presentados ante la justicia para determinar las medidas que correspondan.
