La muerte de Darlin Enmanuel Mercado Reyes, ocurrida durante una intervención policial en el sector La Cañada de Guajimía, en Herrera, continúa generando reacciones oficiales. Este sábado, el director general de la Policía Nacional, el mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, aseguró que el caso será llevado hasta las últimas consecuencias y que el agente involucrado deberá responder ante la justicia.
Como parte de ese compromiso, el alto oficial sostuvo un encuentro con Noelo Mercado Pérez, padre del joven fallecido, a quien expresó personalmente las condolencias de la institución. Durante la reunión, afirmó que la actuación que derivó en la muerte del adolescente constituye un hecho inaceptable y reiteró que el responsable ya fue puesto a disposición del Ministerio Público para el desarrollo del proceso judicial correspondiente.
El director policial manifestó que la pérdida de Mercado Reyes representa un hecho que afecta tanto a la familia como a la propia institución, al tiempo que sostuvo que espera una respuesta firme de la justicia. En sus declaraciones, indicó que el responsable debe enfrentar las consecuencias legales de sus acciones y recibir la sanción que determinen los tribunales conforme a la legislación vigente.
Durante el encuentro, realizado en la dotación policial del sector Buenos Aires de Herrera, Cruz Cruz explicó que acudió no solo en su condición de director de la Policía Nacional, sino también como padre, con el propósito de expresar solidaridad a los familiares de la víctima en un momento de profundo dolor.
El caso ha provocado una amplia conmoción en Santo Domingo Oeste y ha reavivado el debate sobre el uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad. En los últimos días, residentes de Herrera realizaron protestas para exigir justicia por la muerte del joven, mientras organizaciones sociales y defensores de derechos humanos han reclamado que la investigación se desarrolle con independencia y transparencia.
En ese contexto, el director general reiteró que la Policía Nacional mantiene su compromiso con la rendición de cuentas, el respeto a los derechos fundamentales y el fortalecimiento de los mecanismos institucionales destinados a garantizar que actuaciones contrarias a la ley sean investigadas y sancionadas conforme al debido proceso.
