El caso por la muerte de la niña Stephora sigue generando cuestionamientos, especialmente por la ausencia del Colegio Leonardo Da Vinci como entidad responsable en la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público. Aunque el documento menciona el centro educativo en múltiples ocasiones y detalla la estructura administrativa de su asociación, ninguna de las autoridades jurídicas figura como imputada. El Ministerio Público solo ha acusado a cuatro empleadas por homicidio involuntario y negligencia extrema, lo que muchos consideran una acción que deja fuera la responsabilidad institucional.
El abogado de la familia de Stephora, Miguel Valdemar, señaló que el Ministerio Público tampoco entrevistó a los menores presentes en el hecho ni incorporó sus testimonios al expediente. Además, denunció que solo se entregaron dos de las más de doce grabaciones disponibles en la Hacienda Los Caballos, pese a que algunas cámaras muestran fallas y cortes abruptos. Valdemar aseguró que los videos revelan una cadena de omisiones: la niña cayendo en la parte profunda de la piscina sin señalización, estudiantes sin intervenir, y una maestra que pasa por el lugar sin responder a los gritos de auxilio.
De igual forma, la defensa cuestiona que actividades extracurriculares similares ya se habían realizado sin medidas de seguridad adecuadas, sin que el Ministerio de Educación supervisara o registrara estos antecedentes. Valdemar adelantó que presentará una querella contra el presidente de la Asociación Da Vinci, alegando que la responsabilidad recae también sobre la persona jurídica que administra el centro educativo y que, hasta ahora, no ha sido requerida por las autoridades.
