SANTO DOMINGO.- La extracción nocturna de arena y gravilla del río Tireo terminó con un proceso judicial en Constanza, pero las medidas impuestas al acusado quedaron por debajo de lo solicitado por el Ministerio Público, que había pedido prisión preventiva y la incautación del camión utilizado en la operación.
El Juzgado de la Instrucción del distrito judicial de Constanza impuso a Josué de Jesús Corcino una garantía económica de RD$70,000, presentación periódica e impedimento de salida del país, mientras que el vehículo empleado para transportar el material fue devuelto.
La detención se produjo alrededor de las 10:22 de la noche del miércoles 2 de septiembre, cuando Corcino se encontraba a bordo de un camión volteo Daihatsu, rojo, placa SO 10411, en el sector Tireo al Medio, Los Chichiguao. De acuerdo con las autoridades, en ese momento se disponía a extraer y trasladar materiales de la corteza terrestre sin los permisos ambientales correspondientes.
El operativo tuvo como punto de partida una denuncia ciudadana. Un residente grabó con su teléfono la extracción que se realizaba en horas de la noche y difundió las imágenes mediante WhatsApp, lo que permitió alertar a la comunidad y activar una respuesta de las autoridades ambientales.
Miembros del Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa) y del Sexto Batallón de Cazadores del Ejército acudieron al lugar y arrestaron al hombre en flagrante delito. Tanto el detenido como el camión y la carga fueron trasladados bajo custodia militar hasta la Oficina Municipal de Medio Ambiente en Constanza.
Para la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Proedemaren), el caso revestía especial gravedad debido al impacto que la extracción de materiales puede provocar sobre el cauce de un río considerado vital para la actividad agrícola del valle de Tireo.
El procurador de Corte Ramón Arturo Rosario Sánchez, adscrito al departamento judicial de La Vega, solicitó ante la jueza Yanet Bernabel Martínez que Corcino permaneciera en prisión preventiva y que el camión fuera incautado como parte del proceso judicial.
La acusación del Ministerio Público se sustenta en disposiciones de la Ley 64-00, General de Medio Ambiente y Recursos Naturales, específicamente varios de sus artículos relacionados con la protección de los recursos naturales y la extracción de materiales, además de la Ley 123-71, que prohíbe la extracción de componentes de la corteza terrestre.
El tribunal, sin embargo, optó por medidas de coerción que permiten al imputado permanecer en libertad bajo determinadas condiciones. Deberá presentarse periódicamente, tiene prohibido salir del país y debe cumplir con la garantía económica establecida por la jueza.
La devolución del camión marca además una diferencia importante respecto de la solicitud presentada por el órgano persecutor, que había planteado su incautación por considerar que el vehículo fue utilizado en la presunta comisión del delito ambiental.
El proceso judicial deberá determinar ahora la responsabilidad que pudiera corresponderle a Corcino por la extracción del material del río. El caso también pone nuevamente en evidencia el papel de las denuncias ciudadanas en la detección de actividades ambientales realizadas en horarios y lugares que dificultan la supervisión ordinaria.
