ASUNCIÓN.- La crisis política de Paraguay dio un nuevo giro con la detención domiciliaria del expresidente Santiago Peña, ordenada por la Fiscalía pocas horas después de que el Senado lo destituyera mediante un juicio político y lo despojara de los fueros que lo protegían frente a un proceso penal.
La medida fue solicitada por el Ministerio Público bajo la imputación de «lesión de confianza», en el contexto de la investigación por las presuntas irregularidades relacionadas con Ueno Bank, entidad financiera cuyo proceso de resolución o disolución desencadenó el escándalo que terminó con la salida de Peña del poder.
Las autoridades confirmaron que el exmandatario, de 47 años, se encontraba detenido en su residencia y a disposición de la Fiscalía, hasta que fuera trasladado a la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción de Asunción.
La fiscal Silvia González informó que los investigadores habían comprobado su presencia en el domicilio y que este se había puesto a disposición de las autoridades. Mientras tanto, alrededor de una veintena de agentes policiales permanecían desplegados en las inmediaciones de la vivienda.
La decisión provocó reacciones entre manifestantes que exigían que Peña fuera trasladado a una prisión y anunciaron una vigilia para evitar que pudiera abandonar el lugar.
El Senado lo destituyó y perdió sus fueros
La destitución se produjo el viernes 6 de noviembre, cuando los 44 senadores presentes votaron a favor de declarar culpable a Peña por «mal desempeño de funciones» en el juicio político. Con esa decisión, se convirtió en el segundo presidente paraguayo de la etapa democrática reciente en ser apartado del cargo mediante este procedimiento, después de Fernando Lugo, quien gobernó entre 2008 y 2012.
La salida de Peña abrió paso a su hasta entonces vicepresidente, Pedro Alliana, quien asumirá la Presidencia.
El proceso tuvo una consecuencia jurídica determinante para el exgobernante: dejó de tener la condición de senador vitalicio que la Constitución paraguaya reconoce a los expresidentes elegidos democráticamente, salvo a quienes hayan sido sometidos a juicio político y declarados culpables.
Esa condición le habría permitido conservar inmunidad parlamentaria y protección frente a un proceso penal sin autorización previa del Congreso.
Antes de la votación, Peña había anunciado que presentó su renuncia para evitar mayores daños al país y contribuir a recuperar la estabilidad. En un mensaje publicado en X, sostuvo que no quería que su permanencia se convirtiera en motivo de división y pidió reconstruir la institucionalidad y recuperar la confianza pública.
Sin embargo, el Congreso no había podido pronunciarse sobre esa renuncia por falta de cuórum, por lo que el Senado terminó resolviendo su salida mediante el juicio político.
También detienen al exdirector del Banco Central
La investigación alcanzó igualmente a Carlos Carvallo Spalding, quien dirigió el Banco Central de Paraguay (BCP) hasta el martes pasado, cuando renunció en medio del escándalo financiero.
Carvallo se entregó a las autoridades durante la noche del viernes en el Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional, en Asunción, después de que se emitiera una orden de detención en su contra. Posteriormente, fue trasladado a la Agrupación Especializada, dependencia policial utilizada como centro de reclusión para determinados detenidos.
Su salida del Banco Central ocurrió después de anunciarse el procedimiento de resolución de Ueno Bank. Antes de asumir la dirección del organismo emisor en 2023, había encabezado Financiera Ueno, entidad que dio origen al banco intervenido.
Tras su renuncia, Peña designó como sustituto al economista y exministro Raúl Vera Bogado, nombramiento que todavía requiere la aprobación del Senado.
Ueno Bank, centro de la crisis
El escándalo financiero que precipitó la caída del Gobierno comenzó con la decisión del Banco Central de iniciar un procedimiento de resolución de Ueno Bank, institución que contaba con aproximadamente 2,9 millones de clientes en un país de 6,1 millones de habitantes.
La entidad había recibido durante la administración de Peña importantes recursos de organismos estatales, circunstancia que pasó a formar parte de los cuestionamientos contra el mandatario y de las investigaciones sobre el manejo de fondos públicos.
La situación también generó preocupación entre los ahorradores, que denunciaron dificultades para acceder a su dinero. Entre los afectados se encontraban unos 32.000 jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS), una de las principales entidades de pensiones del país.
Durante el juicio político, los diputados que actuaron como acusadores denunciaron la presunta pérdida de unos 1.200 millones de dólares pertenecientes al pueblo paraguayo y responsabilizaron políticamente a Peña por el escándalo.
La crisis, que comenzó alrededor de la situación de Ueno Bank, derivó así en la destitución del presidente, la apertura de actuaciones penales contra el exmandatario y la detención del antiguo titular del Banco Central, mientras Pedro Alliana se prepara para asumir la jefatura del Estado.
Crédito: EFE
