SANTO DOMINGO.- El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional mantuvo la prisión preventiva contra Santiago Marcelo F. Hazim Albainy y otros cuatro imputados en el expediente de corrupción que involucra al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), mientras dispuso el arresto domiciliario de Rafael Martínez Hazim por una condición médica presentada por su defensa.
La decisión fue adoptada este jueves durante la revisión obligatoria de las medidas de coerción solicitada por el Ministerio Público, en el proceso derivado de la Operación Cobra, que investiga un presunto desfalco de miles de millones de pesos a la aseguradora estatal.
Además de Santiago Hazim, la prisión preventiva fue ratificada para Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez y Ramón Alan Speakler Mateo.
Martínez Hazim pasa a arresto domiciliario
En el caso de Rafael Martínez Hazim, el juez Deiby Timoteo Peguero acogió la condición médica invocada por sus abogados y sustituyó la prisión preventiva por arresto domiciliario, sujeto al uso de un dispositivo electrónico.
La nueva medida también incluye una garantía económica de 15 millones de pesos, mediante una aseguradora, y el impedimento de salida del país.
Durante la audiencia, el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, pidió rechazar los planteamientos para modificar las medidas vigentes. Al fundamentar la posición del órgano acusador, sostuvo que “no hay un solo elemento que haga variar la medida de coerción”.
Camacho encabezó el equipo litigante junto a los fiscales Yudelka Holguín y Alexis Piña.
El tribunal mantiene los argumentos sobre el riesgo de fuga
En sus motivaciones, el juez recordó los criterios jurídicos considerados cuando se impusieron las medidas, entre ellos la gravedad de los hechos investigados, el perjuicio causado a una institución que presta servicios de salud a amplios sectores de la población, el peligro de fuga y la obligación de resarcir los daños al Estado y a la sociedad.
También citó los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional sobre la ponderación que debe realizarse al revisar medidas de coerción. En ese análisis, señaló que continúan vigentes las razones que justificaron la prisión preventiva de Santiago Hazim, Gustavo Messina y Germán Robles.
La defensa de Ramón Alan Speakler y Rafael Martínez había solicitado que se desglosara la revisión obligatoria, debido a que ambos tenían pendiente una audiencia de apelación ante la Primera Sala de la Corte de Apelación, pautada para el martes 10 de noviembre de 2026.
El Ministerio Público objetó esa petición. Camacho sostuvo que la revisión obligatoria no impedía conocer el recurso de apelación. Tras examinar los argumentos, el juez declaró inadmisible el pedimento de la defensa y dispuso continuar con la revisión de las medidas de todos los procesados incluidos en esa audiencia.
La lectura íntegra de la decisión fue fijada para el próximo 26 de noviembre. La prisión preventiva ya había sido ratificada en agosto.
Otros procesados y líneas de investigación
Por el expediente también figura Ada Ledesma Ubiera, quien cumple arresto domiciliario. Asimismo, son procesados Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella, a quienes en diciembre pasado les impusieron arresto domiciliario, garantías económicas e impedimento de salida del país.
Otro imputado es Ángel Luis Guzmán Vásquez, cuya prisión preventiva de 18 meses fue ratificada el 30 de julio por el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional. Según el expediente, permanece en prisión desde mayo.
La Operación Cobra dio paso a una investigación que procura establecer responsabilidades penales y recuperar los recursos que, según el Ministerio Público, fueron sustraídos del patrimonio público mediante un esquema de corrupción que perjudicó a los afiliados de SeNaSa.
A los imputados se les atribuyen presuntos delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de sobornos, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
El órgano acusador sostiene que ha reunido evidencias sobre sobornos a gran escala, alteración de estados financieros y programas especiales sin sustento jurídico que habrían servido para desviar fondos mediante maniobras fraudulentas. También describe el esquema como una estructura en la que habrían participado funcionarios de SeNaSa y prestadores de servicios de salud.
Operaciones vinculadas a la investigación
El Ministerio Público amplió sus actuaciones con la Operación Onco14, ejecutada en junio, mediante la cual fueron arrestadas tres personas señaladas por su presunta participación en maniobras fraudulentas contra el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), pacientes con cáncer y SeNaSa.
Entre los detenidos figuran Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del consejo del Patronato y miembro de la junta directiva del IORC; su esposa, Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida; y su exesposa Dilcia Isabel Vargas Sánchez, quien ocupó cargos directivos y funciones de auditoría en el patronato. Lora Cruceta y Guzmán cumplen prisión preventiva, mientras Vargas Sánchez permanece bajo arresto domiciliario.
En septiembre, el órgano persecutor puso en marcha la Operación Cobra 2.0-A, proceso en el que fueron impuestas medidas de coerción a 24 personas, entre ellas varios médicos.
