LIMA.- La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, llega a sus primeros 100 días de Gobierno con una estrategia de seguridad centrada en la participación militar contra el crimen organizado, cambios en el sistema penitenciario inspirados en el modelo de Nayib Bukele y un mayor acercamiento político a Estados Unidos. Sin embargo, las cifras oficiales no reflejan una reducción sostenida de los homicidios desde su llegada al poder.
La mandataria asumió el cargo el 28 de julio, después de ganar las elecciones con el lema «Vuelve el orden». Su gestión ha colocado la lucha contra las organizaciones criminales entre sus principales prioridades, en respuesta a una de las mayores preocupaciones de la población peruana.
Pese a esa apuesta, su respaldo ciudadano ha disminuido. Según una encuesta de Ipsos, la aprobación pasó del 57 % registrado al inicio de su mandato al 40 % en octubre, mientras que el rechazo aumentó del 25 % al 49 % durante el mismo periodo.
Más facultades para endurecer la seguridad
Durante los primeros tres meses, el Ejecutivo concentró esfuerzos en conseguir facultades legislativas del Parlamento para aprobar normas durante 120 días en distintas áreas, entre ellas seguridad y prevención del fenómeno climático de El Niño.
Aunque la derecha no cuenta con mayoría en la Cámara de Diputados, Fujimori consiguió el respaldo necesario mediante acuerdos con legisladores opositores de distintas tendencias en el Senado. El proceso dejó dividido y debilitado al bloque contrario al Gobierno.
Entre las medidas que se prevé impulsar figura la posibilidad de declarar a las bandas criminales como «grupos hostiles», una clasificación que permitiría a las Fuerzas Armadas enfrentarlas sin necesidad de establecer un estado de excepción. También se contempla flexibilizar las disposiciones sobre el uso de la fuerza para facilitar la actuación de los cuerpos de seguridad frente a presuntos delincuentes.
El sistema penitenciario y la referencia de Bukele
Las cárceles constituyen otro eje de la estrategia gubernamental. El Ejecutivo desplegó militares para custodiar los accesos de algunas de las prisiones más hacinadas del país y realizó requisas en operativos que han generado comparaciones con las prácticas penitenciarias de El Salvador.
Las imágenes de reclusos con la cabeza rapada, uniformes blancos y agrupados en los patios bajo vigilancia de las fuerzas del orden han alimentado las críticas sobre la denominada «bukelización» de la política carcelaria peruana.
La propia Fujimori visitó recientemente El Salvador y recorrió el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), instalación que se ha convertido en uno de los símbolos de la política de seguridad del presidente Nayib Bukele. Durante el encuentro, el mandatario salvadoreño le advirtió que reproducir ese modelo en otro país no garantiza necesariamente los mismos resultados.
Alianza con Estados Unidos y cambios diplomáticos
En el ámbito internacional, Fujimori formalizó la adhesión de Perú al Escudo de las Américas durante la visita a Lima del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en septiembre.
La iniciativa, impulsada por el presidente Donald Trump y respaldada por alrededor de quince gobiernos latinoamericanos de derecha, busca coordinar acciones contra el crimen organizado transnacional.
Al mismo tiempo, el Gobierno peruano comenzó a reactivar sus relaciones diplomáticas con México, Colombia y Venezuela, países con los que los vínculos se habían interrumpido durante la crisis política que siguió al encarcelamiento del expresidente Pedro Castillo y la posterior llegada al poder de Dina Boluarte.
Disputa por el legado del conflicto armado
En sus primeros meses de gestión, Fujimori también ha reivindicado y condecorado a policías y militares que participaron en el conflicto armado interno de 1980 a 2000 contra Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).
Durante su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, la presidenta cuestionó las investigaciones y los procesos judiciales por violaciones de derechos humanos atribuidas a integrantes de las fuerzas de seguridad durante ese periodo.
Su postura ha generado un enfrentamiento con la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, quien ha defendido la labor de los jueces. El debate también está relacionado con el legado de su padre, el expresidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por delitos vinculados con violaciones de derechos humanos durante su Gobierno, entre 1990 y 2000.
Así, los primeros 100 días de Keiko Fujimori combinan un endurecimiento de la política de seguridad, cambios en las relaciones internacionales y controversias sobre el papel de las fuerzas del orden, mientras su nivel de aprobación registra un retroceso y los indicadores de homicidios aún no muestran una disminución sostenida.
