La defensa del exministro Gonzalo Castillo denunció ante el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional que el Ministerio Público estaría protegiendo a los verdaderos responsables de las presuntas irregularidades del caso Calamar, mientras dirige la persecución penal contra su representado. Los abogados Laura Acosta, Nassef Perdomo y Luis Rivas sostuvieron que el expediente fue construido a partir de acuerdos con personas que admitieron su participación y que, según afirman, organizaron la supuesta trama ilícita.
Durante la audiencia presidida por la jueza Altagracia Ramírez, la defensa alegó que figuras clave del entramado fueron excluidas de la acusación formal mediante criterios de oportunidad, pese a haber reconocido su rol directo en los hechos. Entre los señalados mencionaron a Ramón Emilio Jiménez, José Arturo Ureña y Carlos Báez Batista, este último actualmente presentado como testigo del órgano acusador.
Según los abogados, el uso de estos acuerdos vicia el proceso desde su origen, ya que quienes debieron ocupar el banquillo de los acusados figuran ahora como testigos protegidos. Bajo ese argumento, solicitaron la nulidad de la acusación, afirmando que el objetivo no sería alcanzar justicia integral, sino sostener el caso contra el exfuncionario dejando fuera a quienes, aseguran, ejecutaron y operaron la logística del esquema investigado.
