La investigación por el presunto fraude multimillonario en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) entró en una nueva etapa luego de que cinco de los diez imputados iniciaran conversaciones con el Ministerio Público para acogerse a un procedimiento penal abreviado, admitiendo su responsabilidad en los hechos que se les atribuyen.
Fuentes vinculadas al proceso indicaron que el interés en alcanzar acuerdos responde, en gran medida, al volumen de las evidencias recopiladas durante la investigación, situación que habría incrementado la presión sobre varios de los acusados. Incluso, otros implicados también estarían evaluando la posibilidad de negociar su situación judicial bajo el mismo mecanismo.
Las conversaciones se producen mientras la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) prepara una nueva fase del expediente, identificada como «SeNaSa 2.0», con la que busca ampliar las investigaciones hacia otros posibles involucrados y nuevas líneas de indagación relacionadas con el caso.
El proceso judicial también continuará este mes. Para el 30 de julio, el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional tiene previsto revisar de manera obligatoria las medidas de coerción impuestas a los imputados que permanecen en prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras.
De acuerdo con el Ministerio Público, la presunta estructura habría operado entre 2020 y 2025, provocando un perjuicio económico al Estado que inicialmente fue estimado en más de 15,000 millones de pesos, aunque las investigaciones posteriores elevaron esa cifra por encima de 19,000 millones.
Entre los principales imputados figura el exdirector ejecutivo de SeNaSa, Santiago Marcelo Hazim Albainy, junto a Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones y Francisco Iván Minaya Pérez, además de otros exfuncionarios y suplidores de la aseguradora estatal. En el expediente también aparecen Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes previamente admitieron haber pagado sobornos a funcionarios de la institución, colaboración que les permitió obtener arresto domiciliario en sustitución de la prisión preventiva.
Los encartados enfrentan acusaciones por presuntos delitos de asociación de malhechores, coalición de funcionarios, prevaricación, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación de documentos, uso de documentos falsos y lavado de activos. Mientras tanto, la Pepca sostiene que las pesquisas continúan abiertas y podrían extenderse a otros hechos y personas vinculadas con la administración del organismo.
