El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó la madrugada de este martes a 20 años de prisión al mayor general Adán Cáceres Silvestre, al general Juan Carlos Torres Robiou y al coronel de la Policía Nacional Rafael Núñez de Aza, tras declararlos culpables de formar parte de una red de corrupción administrativa que desvió miles de millones de pesos de fondos públicos.
El tribunal, presidido por la jueza Esmirna Gisselle Méndez e integrado por las magistradas Tania Yunes y Jissel Naranjo, concluyó que los acusados incurrieron en diversos delitos vinculados al manejo irregular de recursos estatales.
Cáceres Silvestre y Torres Robiou fueron encontrados culpables de asociación de malhechores, prevaricación, desfalco, enriquecimiento ilícito, incremento patrimonial injustificado y otros delitos agravados por su condición de funcionarios públicos. En el caso de Rafael Núñez de Aza, la condena incluye además cargos de soborno, estafa contra el Estado y lavado de activos agravado.
Las juezas también ordenaron el pago de 400 salarios mínimos a los principales condenados y dispusieron la devolución de RD$5,000 millones al Estado dominicano.
De acuerdo con la acusación, el entramado operó entre 2012 y 2020 utilizando estructuras del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y otras dependencias estatales para desviar recursos destinados a inteligencia, combustibles, alimentación y nóminas.
El Ministerio Público sostuvo que la organización incluía militares y policías que figuraban en las nóminas con salarios de entre RD$20,000 y RD$70,000 mensuales, pero recibían solo una parte de esos recursos, mientras el resto era presuntamente apropiado por los integrantes de la estructura.
Además de las principales condenas, el tribunal impuso 15 años de prisión al general de la Fuerza Aérea Julio Camilo de los Santos Viola y a la pastora Rossy Guzmán, quienes también deberán pagar 400 salarios mínimos.
Otros acusados recibieron penas de 10 años de prisión y sanciones económicas que oscilan entre 200 y 400 salarios mínimos, entre ellos Esmeralda Ortega Polanco, José Manuel Rosario Pirón, Boanerges Reyes Batista, Franklin Antonio Mata Flores, Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, Erasmo Roger Pérez Núñez y Kelman Santana Martínez.
En el caso del mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez, considerado testigo clave de la investigación, el tribunal le impuso una condena de cinco años de prisión ya cumplida.
Asimismo, varios imputados recibieron penas suspendidas de entre tres y cinco años de prisión, mientras que Tanner Antonio Flete Guzmán, Guillermo de Jesús Torres Robiou, Santiago Antonio Suárez Peguero, Miguel Ventura Pichardo y Erick Daniel Pereyra Núñez fueron absueltos.
La lectura del fallo comenzó a las 3:00 de la tarde del lunes y concluyó a las 2:22 de la madrugada del martes, luego de un extenso proceso judicial en el que el Ministerio Público presentó pruebas documentales, periciales y testimoniales.
Tras conocerse la sentencia, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, calificó la decisión como «histórica» y aseguró que representa un reconocimiento al trabajo investigativo realizado en uno de los mayores casos de corrupción administrativa procesados en el país.
