SANTO DOMINGO.- La Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata conocerá este martes el recurso presentado por el Ministerio Público contra el perdón judicial concedido a Wander Samuel Franco Aybar, luego de que un tribunal lo declarara penalmente responsable por abuso sexual y abuso psicológico en perjuicio de una adolescente.
La audiencia está pautada para las 9:00 de la mañana del 22 de septiembre de 2026. La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de Puerto Plata buscan que el tribunal de segundo grado revoque la decisión que eximió a Franco del cumplimiento de una sanción penal.
El recurso cuestiona la Sentencia Penal núm. 272-02-2026-SSEN-00149, dictada por el Tribunal Colegiado Ad Hoc del Distrito Judicial de Puerto Plata. En esa decisión, el tribunal declaró a Franco culpable de las disposiciones del artículo 396, literales b y c, de la Ley 136-03, correspondientes al abuso sexual y psicológico contra una persona menor de edad, pero posteriormente le otorgó un perdón judicial.
Para los representantes del Ministerio Público, ambas determinaciones generan una contradicción que deberá ser examinada por la Corte: mientras la sentencia establece responsabilidad penal por los hechos juzgados, el perdón judicial elimina la ejecución de una sanción penal.
Los fiscales que impulsan la apelación sostienen que el tribunal realizó una interpretación incorrecta de esta figura jurídica, que, según su planteamiento, fue concebida para circunstancias excepcionales que no estarían presentes en este caso.
El procurador fiscal Claudio Alberto Cordero Jiménez, responsable de la litigación, afirmó que el Ministerio Público está preparado para exponer ante los jueces las objeciones formuladas contra la sentencia y defender la necesidad de una consecuencia jurídica acorde con la responsabilidad penal declarada.
La apelación fue presentada por Ramona Nova Cabrera, Kelmi Ricardo Duncan Torres, Claudio Alberto Cordero Jiménez, José Martínez Montán y Olga Diná. El órgano persecutor plantea que la decisión también afecta los objetivos preventivos y sancionadores del derecho penal y la protección especial reconocida por la legislación a los menores víctimas de delitos.
Otro elemento que forma parte del expediente es la condena impuesta a la madre de la adolescente, quien fue sentenciada a diez años de prisión por explotación sexual comercial y lavado de activos. Esa parte de la decisión no fue recurrida por el Ministerio Público.
La discusión ante la Corte de Apelación se concentrará, por tanto, en determinar si el perdón judicial concedido a Franco fue aplicado conforme al marco legal y si debe mantenerse después de la responsabilidad penal establecida por el tribunal de primera instancia.
El Ministerio Público solicita que la corte revoque ese beneficio y disponga una consecuencia jurídica acorde con la decisión de culpabilidad, mientras los jueces deberán valorar los argumentos contenidos en el recurso antes de emitir su decisión.
