LA ALTAGRACIA.- Cuatro personas fueron sometidas a la justicia por su presunta participación en dos operaciones de tráfico ilícito de migrantes hacia Puerto Rico, luego de que las autoridades interceptaran 128 personas que intentaban realizar las travesías marítimas de manera irregular.
El tribunal de atención permanente del distrito judicial de La Altagracia impuso tres meses de prisión preventiva a Vladimir Lajara Aguasvivas, alias El Mello, señalado por el Ministerio Público como uno de los organizadores de estas operaciones.
Los otros tres procesados recibieron medidas menos restrictivas. Wiston José Muñoz Rosario y Berto De la Rosa Ortega deberán cumplir garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país, mientras que Iván Peña Faña, señalado como capitán de una de las embarcaciones, recibió las mismas medidas.
Las intervenciones se produjeron durante dos operativos desarrollados como parte de una investigación conjunta. En uno de los casos fueron interceptadas 77 personas, mientras que en el segundo fueron detenidas otras 51, todas con la intención de llegar irregularmente a Puerto Rico.
La investigación atribuye a los imputados distintos niveles de participación en la organización de las travesías, desde la coordinación de los viajes hasta el manejo de las embarcaciones utilizadas para transportar a los pasajeros.
Detrás del proceso judicial hay una operación coordinada entre la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), la Fiscalía de La Altagracia, la Armada de República Dominicana y el Servicio de Guardacostas de Estados Unidos en Puerto Rico.
Las pesquisas apuntan a una estructura que utilizaría embarcaciones clandestinas para trasladar personas fuera del territorio dominicano, una modalidad que expone a los pasajeros a riesgos como naufragios y otras emergencias durante la navegación.
Entre las personas interceptadas había nacionales haitianos en situación migratoria irregular, según las autoridades. La investigación también contempla como agravante el supuesto intento de trasladar fuera del país a personas prófugas de la justicia.
El Ministerio Público sostiene que los hechos podrían generar sanciones de hasta 30 años de prisión, dependiendo de las circunstancias agravantes que sean establecidas durante el proceso y de la aplicación de la Ley núm. 46-25, que modifica la legislación dominicana sobre tráfico ilícito de migrantes y trata de personas.
La Armada informó que mantendrá las labores de vigilancia, inteligencia e interdicción marítima junto con las instituciones nacionales y el Servicio de Guardacostas estadounidense para identificar a quienes organizan y facilitan estas operaciones.
Las autoridades reiteraron además el llamado a la población a evitar las travesías marítimas clandestinas y a no financiar ni facilitar las actividades de las redes que las organizan, debido al riesgo que representan para quienes participan en ellas.
