SANTO DOMINGO.- El conflicto judicial que enfrenta al expelotero Edwin Encarnación y a Gabriel Martínez Santana podría encaminarse hacia una salida consensuada, luego de versiones sobre un posible acuerdo entre ambas partes para poner fin a las acciones legales derivadas de un incidente ocurrido en La Romana.
La eventual conciliación no significaría por sí sola el cierre inmediato del expediente. Para que una salida de este tipo produzca efectos dentro del proceso penal, el acuerdo tendría que ser presentado ante las autoridades correspondientes y sometido a las actuaciones judiciales que determine el procedimiento aplicable.
El caso adquirió notoriedad después de que Encarnación y Martínez presentaran querellas en las que ambos se atribuyeron conductas que, según sus respectivas versiones, pusieron en riesgo sus vidas. El enfrentamiento habría ocurrido en las inmediaciones del residencial Casa de Campo, en La Romana.
La controversia comenzó a hacerse pública luego de que Encarnación anunciara en redes sociales su separación de la comunicadora Karen Yapoort. A partir de esa publicación surgieron versiones sobre un incidente relacionado con la pareja y posteriormente se conocieron las denuncias cruzadas entre los dos hombres.
En su versión de los hechos, Encarnación habría sostenido que Martínez intentó atropellarlo con un vehículo en la entrada del residencial. Martínez, por su parte, habría denunciado que el exjugador golpeó la carrocería de su automóvil y realizó varios disparos contra el vehículo.
Con ambas partes enfrentadas judicialmente, una conciliación permitiría trasladar la disputa desde el escenario de confrontación pública hacia una negociación formal supervisada por las autoridades. Sin embargo, los términos del supuesto pacto no han sido divulgados.
El eventual acuerdo tendría que ser documentado y presentado ante el Ministerio Público que conoce el expediente en La Romana. En una vista conciliatoria, los representantes legales de las partes podrían formalizar las condiciones convenidas y dejar constancia de la voluntad de resolver el conflicto.
A partir de esa documentación, correspondería a las autoridades evaluar si el acuerdo cumple con los requisitos legales y si resulta procedente dentro de la naturaleza del proceso. De ser admitida la conciliación y cumplidas las formalidades correspondientes, el proceso podría concluir sin llegar a una etapa de juicio.
El Ministerio Público también tendría que determinar que los términos pactados no contravengan disposiciones legales o constitucionales antes de adoptar una decisión sobre el expediente.
Por ahora, el posible entendimiento permanece rodeado de discreción y no se conocen públicamente sus condiciones. La confirmación de una salida definitiva dependerá, por tanto, de su formalización ante las autoridades y de las decisiones que correspondan dentro del proceso.
