El cierre de la primera legislatura ordinaria del año dejó nuevamente al Congreso Nacional con una extensa lista de reformas sin aprobar, pese a que durante los últimos meses las principales autoridades legislativas habían prometido acelerar la aprobación de proyectos considerados estratégicos para el país. Con el vencimiento del período de trabajo parlamentario, varias iniciativas de alto impacto quedaron estancadas y, en algunos casos, deberán comenzar nuevamente su recorrido legislativo.
El balance resulta distante de la meta anunciada el pasado marzo, cuando la Cámara de Diputados, el Senado y el Poder Ejecutivo acordaron impulsar una agenda prioritaria de nueve proyectos antes del cierre de la legislatura. Al finalizar el período, únicamente la Ley del Sistema de Alerta de Personas Desaparecidas logró completar todo el proceso congresual y fue remitida al Poder Ejecutivo para su eventual promulgación.
Entre los proyectos que no alcanzaron la meta figura la esperada reforma al Código de Trabajo, considerada una de las iniciativas más relevantes por su impacto sobre empleadores y trabajadores. Aunque la propuesta había avanzado hasta quedar pendiente de una segunda discusión en la Cámara de Diputados, diferencias entre distintos sectores impidieron que fuera aprobada antes del cierre del período. Como consecuencia, el proyecto deberá ser reintroducido cuando inicie la próxima legislatura el 16 de agosto, luego de haber caducado por segunda ocasión en menos de dos años.
Una situación similar enfrentó la modificación de la Ley Orgánica de la Policía Nacional. Aunque el Senado aceleró su conocimiento tras varios meses de estudio, la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo no llegó siquiera a debatirse en primera lectura en la Cámara de Diputados, por lo que también perdió vigencia con el cierre legislativo.
El panorama refleja un patrón que se ha repetido en los últimos años. Ya en la clausura de la legislatura de 2025, el Congreso había incumplido buena parte de la agenda que sus propios presidentes calificaron como prioritaria, al aprobar apenas una fracción de los proyectos anunciados. La nueva legislatura vuelve a dejar pendientes reformas consideradas esenciales para la modernización institucional del país.
La lista de iniciativas aplazadas continúa siendo amplia. Permanecen sin avances definitivos las modificaciones a la Ley de Seguridad Social, la Ley sobre Discapacidad, la normativa de Libertad de Expresión, el marco regulatorio sobre inteligencia artificial, el Código de Agua y la propuesta legislativa «Déjala ir», orientada a fortalecer la prevención de feminicidios y filicidios mediante un conjunto de reformas impulsadas por legisladoras.
A esa relación también se suman otras transformaciones estructurales prometidas por el Gobierno desde 2021, entre ellas la revisión del régimen de hidrocarburos, la reforma fiscal y nuevos cambios al sistema de seguridad social, iniciativas que continúan sin materializarse en el Congreso pese a formar parte de la agenda de modernización institucional anunciada por el Poder Ejecutivo.
El único proyecto de gran trascendencia que sí logró superar el trámite parlamentario antes del cierre fue el nuevo Código Penal. Tras su aprobación definitiva en ambas cámaras, la iniciativa se encuentra ahora bajo evaluación del presidente de la República, quien dispone del plazo constitucional correspondiente para decidir si la promulga o la devuelve con observaciones, decisión que marcará el rumbo de una de las reformas legislativas más debatidas de los últimos años.
