Una investigación de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental concluyó que la utilización de mecanismos de recaudación económica entre empleados del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) para respaldar un movimiento político constituye una conducta contraria a los principios que rigen la administración pública. El organismo remitió el caso al Ministerio de Administración Pública (MAP) para que determine las responsabilidades disciplinarias correspondientes.
El informe identifica como involucrados al exdirector del ITLA, Rafael Feliz García, quien ya fue destituido de sus funciones, y al coordinador de Gabinete, Winston Paulino, al considerar que ambos incurrieron en actuaciones incompatibles con la ética pública al promover aportes, ya fueran voluntarios o presuntamente forzosos, entre servidores de la institución para fines políticos.
La investigación sostiene que estas acciones vulneran disposiciones de la Ley 41-08 de Función Pública, que prohíbe expresamente utilizar el cargo para favorecer intereses partidarios. Entre las restricciones citadas figura la prohibición de organizar actividades políticas, solicitar fondos para partidos o movimientos y emplear recursos o bienes de instituciones estatales con esos fines.
El documento también recuerda que la legislación impide a los funcionarios requerir, inducir o presionar a sus subordinados para participar en actividades políticas, una conducta que busca preservar la imparcialidad de la administración pública y proteger a los servidores del Estado frente a posibles presiones derivadas de relaciones jerárquicas.
Como parte de su análisis, la Dirección de Ética hace referencia a la Ley 33-18 sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, la cual prohíbe aceptar o imponer descuentos salariales, cuotas o donaciones de empleados públicos para financiar organizaciones políticas, aun cuando dichas contribuciones sean presentadas como voluntarias. Asimismo, la normativa impide que bienes o fondos provenientes de instituciones públicas sean utilizados en beneficio de partidos o candidatos.
El informe atribuye a Winston Paulino un papel central en la implementación del mecanismo denunciado y concluye que existen elementos suficientes para considerar que las actuaciones observadas podrían constituir faltas administrativas susceptibles de sanción disciplinaria. En consecuencia, recomienda fortalecer los mecanismos de control interno y reforzar la aplicación de los principios éticos dentro de la administración pública para evitar la repetición de hechos similares.
Paralelamente, el caso continúa bajo evaluación de la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, que desarrolla una revisión de los procesos administrativos y financieros del ITLA. Esa investigación se concentra en determinar si, además de las eventuales faltas éticas, existieron vulneraciones a los controles internos o irregularidades en el manejo institucional que requieran otras acciones por parte de los organismos competentes.
